La ley penal es una norma jurídica dedicada a los delitos con sus respectivas penas y sobre ella recaen las principales preocupaciones de la sociedad costarricense.
En estos últimos años la inseguridad ciudadana ha crecido en forma desproporcionada, ahora no se puede salir de la casa sin mirar hacia todos lados, preocupado por lo que le pueda hacer algún delincuente. Sin embargo, cuando son alcanzados por estos infractores, quieren que sobre ellos recaiga todo el peso de esta ley.
La sociedad espera que sus problemas sean solucionados por un juez, como si éste tuviera una varita mágica que les devuelva su celular robado, su familiar asesinado o, simplemente, su tranquilidad.
El juzgador muchas veces se encuentra ante el dilema de los errores procesales que se pueden dar en un juicio, justificando la liberación de un delincuente por lo defectos que anulan la legalidad del juicio, además, por el principio de inocencia declaran la absolutoria del sujeto.
Incluso, sabiendo que todas las pruebas apuntan a la culpabilidad del individuo, son liberados por esos defectos. Si los jueces se atrevieran a ignorar esos defectos y sentenciar a los delincuentes, se exponen a sanciones disciplinarias por no seguir el debido proceso.
Esto no es muy bien visto por los costarricenses, quienes sin saber que los jueces solo cumplen su trabajo siguiendo la ley penal, la prensa como medio de control social y voz del pueblo, denomina a los juzgadores como amigos de los delincuentes por no encarcelarlos. Cuando la realidad es que no dan soluciones, solo aplican la ley.
Por otro lado, el problema podría estar más allá, desde donde nacen las leyes, en la Asamblea Legislativa. Como ya se sabe, no todos los diputados que la conforman son abogados y sus conocimientos sobre Derecho son vagos. El problema se da a la hora de aprobar leyes que contravienen el ordenamiento jurídico.
Tienen buenas intenciones queriendo sancionar conductas que inquietan a la población, pero las leyes penales que aprueban llegan a ser inaplicables y fácilmente evadibles por los delincuentes. Así que la esperanza de solucionar los problemas por medio de la ley penal no va por el lado de la legislación.
Mientras la sociedad se preocupa por encerrar a los criminales, ignoran la verdad de por qué delinquen. Estos individuos probablemente tengan una vida muy desafortunada, empujados a delinquir por la necesidad de subsistir, o por haber crecido en una familia desintegrada, incluso por la adicción a las drogas, entre otras razones. La ley penal los condena a pasar años en la cárcel, muchas veces sin tener la culpa de encontrarse en esa situación y lejos de dar soluciones, se hace un problema más para el delincuente y su familia.
Sumado al hacinamiento en los centros penales, por la creencia de que todos los que infringen la ley penal deben ser internados en estos lugares donde ya no cabe ni un ser humano más, llegando a tratárseles como animales en un corral.
El camino a la solución de conflictos, por medio de la ley penal, es muy oscuro. Quizá la luz esté en el conjunto de reparaciones al mecanismo social en forma integral. Los costarricenses deberían ser más conscientes y empezar el cambio desde el núcleo de la familia, mejorando la educación y valores que poseen desde niños reflejados en las acciones realizadas en la sociedad.
Además, el Gobierno debe preocuparse más por erradicar la pobreza, mediante la aplicación de programas sociales y los legisladores se comprometan a crear leyes más efectivas que armonicen con el ordenamiento jurídico y principalmente con la Constitución Política.
También el cambio de los jueces, los fiscales, los defensores y todos los que actúan dentro del proceso penal, lograrían variar la realidad nacional siendo más congruentes con el procedimiento, para evitar errores insubsanables que imposibiliten la aplicación de la ley penal.
Alejandra Zamora Mejías
Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Artículo publicado en el diario digital el País.cr el 18 de mayo de 2013.
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