Es de todos conocido el nivel de delincuencia sufrido en Costa Rica en donde las tasas de criminalidad se elevaron considerablemente como sucedió en el resto de América Latina, esto trae a colación las inevitables preguntas de ¿Qué produce este aumento de criminalidad?,¿Qué medidas deben tomarse? y ¿De quién es la responsabilidad?
Si se le pregunta a un ciudadano común nos dirá que la culpa es de los propios delincuentes que son desempleados y que ven las cosas ilícitas como fácil negocio para conseguir dinero o drogas y que la solución es simple sólo hay que meterlos a prisión, a las autoridades dirán al respecto que el aumento se debe a la gran cantidad de droga y que la modificación de la legislación procurando leyes más duras contra los infractores traerá mejores resultados.
La actual Presidenta de la República basó su campaña política en el tema seguridad ciudadana, pues sabe que es uno de los temas de más preocupación a nivel global y si bien no estamos en las condiciones de crimen de países como Honduras, Guatemala o México sí se nota que la criminalidad aprieta como nunca antes al país cuando casi todos los ticos saben que en el barrio hay varias ventas de droga o que los colegiales son asaltados a diario o que cualquier venganza ahora culmina en muerte sin que las autoridades hagan nada y produzcan que los civiles pierdan la fe en el sistema normativo , lo más preocupante es que el discurso de la ahora Presidenta no dio resultados .
El tema de más prisión tampoco es viable, nuestro sistema carcelario al igual que en resto de Centroamérica colapsó hace ya algunos años por lo que no se puede seguir metiendo a infractores por delitos que no sean realmente importantes pues la sobrepoblación en centros de detención es prohibida por los tratados internacionales resguardados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en artículo 7 de la Convención Americana, esta falta de instalaciones sumada a que la criminalidad sube y sube provoca un problema que como es lógico no se puede solventar con el establecimiento de más leyes que manden a prisión.
Hay que ser claros en que la responsabilidad en todo este tema es meramente del Gobierno y no solo del actual sino de todos los anteriores que poco a poco contribuyeron con sus omisiones de dar bienestar a que crezca la población de delincuentes.
El Estado tiene la obligación de fomentar el desarrollo de sus ciudadanos, si analizamos el delincuente que roba probablemente encontramos a una persona sin empleo, nacido en condiciones de pobreza, sin educación o sin medios para terminarla, sin apoyo de ningún tipo y con carencias afectivas que lo empujan a lo inevitable que es buscar una vida delictiva y que por desgracia cada vez empieza a una edad más temprana.
Invertir esto es realmente difícil y se necesita una nueva planificación de factores como el legislativo pero cambiando las penas dadas para combatir los delincuentes actuales de manera que si son delitos menores puedan pagarse con trabajo por ejemplo.
Otro factor es el de las condiciones que da el Estado a problemas como la pobreza, la educación, la salud, la cultura, la ayuda social para prevenir futuros delincuentes, esto basado en que la principal preocupación de los dirigentes de un país debe ser el Bienestar General y es obvio que la desigualdad crece día con día y trae enormes consecuencias contra el valor seguridad que desde mi punto de vista puede corregirse a futuro implementando mejoras en las obligaciones básicas que debe brindar un Estado y que constituyen la base de su gestión.
Diego Víquez Ramírez
Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Artículo publicado en el diario digital elPais.cr el 4 de septiembre de 2013.
