¿Aborto o violación de menores?

Es evidente que dentro de cualquier sociedad se jerarquizan los valores, puesto que según la realidad histórico-cultural de un país o una persona, se le agrega mayor trascendencia a unos, para el cumplimiento de otros.

Esto se debe a la necesidad de unos, para cumplir con los demás. Claro ejemplo de esto se hace notar con el valor “vida”, porque su ausencia imposibilita el cumplimiento de los valores y principalmente de la libertad. Es aquí donde se establece que detrás de los valores, se apela un gran ámbito de emotividad.

Hace algunas semanas las declaraciones del arzobispo Fabio Martínez, dieron la vuelta al mundo, al expresar que “cualitativamente, es mucho más grave el aborto, que la violación de niños por parte de sacerdotes”, aduciendo que el aborto es un asesinato, mientras que los niños víctimas de abuso sexual se recuperan y pueden seguir con su vida.

La opinión del arzobispo Fabio Martínez se contrapone en todo sentido a la lógica humana. ¿Qué parámetros utilizaría para afirmar tal aberración cómo saber que un menor rasgado de su inocencia en una violación? ¿Con el transcurrir del tiempo, podrá recuperar su desarrollo mental, personal y sexual? ¿Es acaso que el tiempo borra esas heridas sin dejar rastros inminentes? ¿Quién carga con los traumas y problemas psicológicos desencadenados por una barbarie semejante?

Una transgresión a la integridad y dignidad de la persona no se puede tomar tan a la ligera, alegando tal y como lo hizo el religioso, al decir que de todos modos los sacerdotes acusados por violaciones sólo representaban el 4% de los curas a nivel mundial. El meollo del asunto no es cuestión de la cantidad de abusos, aunque sólo en Estados Unidos se han acusado a 4300 sacerdotes por esta razón, sino es el hecho del acto inmisericorde.

Que quede claro que no le resto importancia al acto del aborto per se, exceptuando cualquier tipo de condiciones que pueden hacer pensar que es una opción viable, sino que lo que pretendo dar a entender es que ambas acciones afectan de sobremanera al ser humano, ya sea durante su gestación o en el pleno desarrollo de su vida.

Es más que evidenciable, que el propósito del arzobispo Martínez, era minimizar el gran problema que presenta la Iglesia Católica actualmente, con la salida a la luz pública del abuso de menores por parte de algunos sacerdotes y jerarquizar el valor vida intrauterina como un aspecto más importante que la vida extrauterina misma, de los niños y jóvenes en pleno desarrollo.

La posición que debe adoptar la Iglesia Católica en este campo, es de responsabilizar y responsabilizarse en los problemas crecientes que le atañen y no caer en la incapacidad de hacer comparaciones tan ilógicas, faltas de sentido ético y humanitario.

Mónica Rodríguez Quiróz

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital elPaís.cr el 28 de agosto de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/85050

Seguridad Ciudadana

Al observar los noticieros de nuestro país nos damos cuenta del aumento de la criminalidad y la violencia con la cual se llevan a cabo; notamos la descomposición de una sociedad que cambia a pasos gigantes; creando así en la población un sentimiento de inseguridad, abandono, miedo y con ello la búsqueda de formas para garantizar su bienestar. Entre esas formas son la adquisición de dispositivos de seguridad (alarmas, rejas, alambres de navaja, cámaras de seguridad), unirse en los barrios como seguridad ciudadana, servicios privados de seguridad o bien retirarse de acercarse a los puntos de aglomeración de personas o bien recluirse en sus casas; exclamando y exigiendo al Estado su obligación de garantizar el libre tránsito y la paz social, asegurando su tranquilidad.

Por su parte el Poder Ejecutivo ante ese clamor público de pronta solución de dicho conflicto; procede a realizar una serie de acciones como por ejemplo poner más policías en las calles, endureciendo la leyes mediante reformas parciales y pidiendo condenas más severas al Poder Judicial. Así mismo el Poder Legislativo se rasga las vestiduras y pide mayor seguridad, mano dura por parte de los juzgadores; sin tomar medidas realmente severas y planificadas a corto, mediano y largo plazo, atacando la raíz y parte neurálgica del problema.

La intervención que se deberá realizar a las bases de la sociedad, atacando el hambre, la pobreza, la violencia, la falta de empleo, la ignorancia, las adicciones, la pocas o nulas posibilidades de superación que ofrece la sociedad. Esta labor ha de realizarse en una forma interdisciplinaria en la cual las instituciones creadas por el estado para ese fin, entre otras INVU, PANI, IAFA, IMAS, sean las llamadas a brindar una solución a esas carencias, las cuales poco a poco corroen las bases y conllevan a realizar delitos contra la vida o propiedad que son originados por males sociales.

Como uno de tantos ejemplos podríamos citar los delitos contra la propiedad que son producidos por los indigentes que se sitúan en las calles de nuestras ciudades; detrás de ellos se encuentran historias de violencia, adicciones, depresiones que la sociedad como un todo no atacó o bien ayudó a sanar y esa persona cayó al fondo del abismo; si existiera una mano amiga por parte de personas capacitadas para ello, primeramente no se caería en esa condición y con ello el daño colateral a la sociedad; y así podríamos citar miles de situaciones particulares que, por no existir ayuda pronta se recurre a lo más fácil el robo, el asesinato, la estafa para satisfacer necesidades.

Esas necesidades que en la pobreza serían satisfacer alimento y abrigo; son catalizadores para delinquir y justificar el daño causado; pero si el Estado fuera eficiente y eficaz procedería erradicar esos puntos de inicio; y no en la implementación del miedo a la represión por parte quien ostenta el Poder; al aumentar las penas con la cual se castigan a quienes violan el ordenamiento. Se ha comprobado en otros países que el aumento a 50 años como pena máxima o bien como la imposición de “Pena de Muerte”, no ha dilucidado a la población a cometer delitos ya que un pueblo con hambre no mide consecuencias.

Así mismo con los años hemos notado un aumento en la población penitenciaria, principalmente por la entrada en vigencia de los Tribunales Penales de Flagrancia y con la imposición extrema de Prisión Preventiva como pena anticipada y no como medida cautelar para asegurar el resultado de la investigación; lo cual no ha llevado a una baja en el índice de criminalidad de nuestra sociedad, sino un aumento de los recluidos; ya que para agravar la situación han salido a la luz pública situaciones de acciones delictivas de “Cuello Blanco” que ponen en entredicho a la clase política y poderosa de nuestro país. Aumentando más el reclamo social hacia quienes llevan las riendas de nuestro país; y demeritando la labor realizada por los juzgadores los cuales imponen las penas que por ley son destinadas a cumplirse.

Cabe indicar que no existe una coordinación entre poderes ya que por ejemplo el Poder Judicial somete a una persona a un proceso desgastante para asegurar su culpabilidad en el hecho imputado; y ordena cumplir con su pena en un centro de Asistencia. Instituciones, cuya finalidad es reinsertar al condenado a la sociedad prontamente enseñándole un oficio y a convivir en paz social; procede a aplicar reglas diferentes y plazos propios para poder liberar a personas que no han cumplido con el daño que le realizaron a la sociedad; parámetros opuestos a los sometidos en el Poder Judicial (beneficios carcelarios y tiempo de descuento que no son acordes al tipo de sanción); así como de no contribuir efectivamente con la sociedad; así como no contribuir con trabajo el esfuerzo realizado por la sociedad.

Por ello el ataque a una sociedad enferma debe de realizarse por todas las instituciones y todos debemos ser parte de esa avanzada, aportando nuestro grano de arena para lograrlo; ingresando a todos los sectores pero con mayor fuerza a las barriadas en las cuales el delito es visto todos los días y hasta normal; porque los niños crecen observando ese comportamiento y lo imitan; con esto criaríamos personas destinadas a una vida pobre y con inclinación a tomar lo necesario para lograr una vida más digna. 

Seguridad Ciudadana no es poner más policías en las calles, es hacer de Costa Rica un país seguro para caminar con nuestros hijos como no hace mucho hacían nuestros padres con nosotros; que nuestros niños solo se dediquen a jugar y no a trabajar para poder comer.

Luis Guillermo Rodríguez Navarro

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital elPais.cr el 16 de agosto de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/84633

Las estadísticas del olvido

Siempre me he cuestionado la frase: “Los niños son el futuro del país”. Me parece que es una frase que refleja de forma sumamente clara la responsabilidad que asumimos como ciudadanos del mundo, como costarricenses, con la niñez, con sus necesidades y su calidad de vida. Esta frase tan romántica pero inaplicable al accionar costarricense y su indiferencia hacia los más vulnerables, en este caso específico: los niños.

La realidad muestra que el Patronato Nacional de la Infancia atiende anualmente un total de 33. 337 menores por conflictos entre los que destacan: conflictos familiares (14. 767), abuso sexual intrafamiliar (711), físico (3337), abuso emocional (691), entre otros.

Estas cifras deberían ser tomadas como una señal de alerta para los costarricenses y plantearnos las interrogantes: ¿Qué está haciendo el sistema para responder a esta problemática? ¿Es la indiferencia un factor determinante para que esto suceda? ¿Estas cifras responderán a la realidad o existen muchos niños sufriendo en silencio?

Ante las preguntas planteadas analizaré una a una las anteriores. Primero, aunque por mandato constitucional el PANI es el ente rector de la protección a la niñez, encontramos en esta institución una incapacidad para resolver los problemas que enfrentan los menores en la actualidad. El contexto costarricense demuestra que el 60% de los niños que ingresan en los albergues del PANI no permanecen en estos por más de quince días, estos datos responden a los menores atendidos en la gran área metropolitana dado que no hay un verdadero control en las zonas rurales.

Pero la problemática no se limita a las deficiencias del PANI. Una de las fuentes más significativas que genera la vulnerabilidad de nuestros infantes es la pobreza y la desigualdad social. Según el decimoctavo informe del Estado de la Nación uno de cada tres niños es pobre esto implica que se le dificulta acceder a cosas tan básicas como lo son una vivienda digna, atención de salud, agua potable y servicio de electricidad. De fondo también tenemos el problema de que la educación no está respondiendo como una herramienta para sacar a estos niños de esta condición, no es ninguna novedad que el sistema de becas Avancemos no está llegando necesariamente a los estudiantes que más lo requieren, que los problemas familiares y la necesidad muchas veces expulsa a esta población del sistema educativo. Y a aquellos que no expulsa no los prepara lo suficientemente bien para acceder a la educación superior o al menos no los vuelve lo suficientemente competitivos respecto a las personas de más recursos. Vemos que mientras que un 47% de estudiantes que ingresan a la UCR provienen de colegios privados, solo un 23% es producto de los colegios públicos.

¿Es la indiferencia un factor determinante para que esto suceda? Yo considero que sí, no podemos recargar sobre nuestros gobernantes y el sistema la responsabilidad total de la niñez en nuestro país. Soy consciente que a diario vemos a niños pidiendo dinero, vendiendo lapiceros y trabajando y además de darle algunas monedas, no hacemos más por ayudarlos. Muchos de nosotros no participamos activamente en diversas de las ONG´s o campañas que pretenden mejorar las condiciones de vida de estos pequeños. ¿Cuántos de nosotros hemos ingresado alguna vez a algún barrio marginal y ofrecido ayuda a algún menor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos involucrado en proyectos que pretenden generar actividades recreativas que alejen a los niños del consumo de drogas? Probablemente son muy pocos los que podamos decir yo a estas preguntas. Decir que no, es ser indiferentes, porque la miseria, la violencia, el abandono y principalmente el olvido son cosas que todos conocemos y no hacemos mucho por resolverlo. No todo se limita a recordarlos en las campañas navideñas, a darles un regalo para aliviar nuestras conciencias.

La última pregunta es algo que voy a dejar para que cada uno de ustedes reflexione. Las estadísticas en sí ya son impresionantes, pensar que hay más casos que no están siendo contemplados en estas porque no son menores atendidos por la institución anterior, es aún más alarmante.

Los niños no son el futuro, los niños son el presente.

Gabriela Mora Mora
Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital elPais.cr el 14 de agosto de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/84571

Respetenme, no quiero ser tolerado

Tolerancia. Este es el nuevo discurso que se maneja en nuestro país para evitar la agresión física y psicológica de una persona hacia otra, criterio que se amplía para “proteger” a las comunidades minoritarias de la tiranía de las mayorías socialmente aceptadas. Inicialmente, promover y vivenciar la existencia de una interacción pacífica y armoniosa entre todos los habitantes del planeta resulta deseable para quienes queremos un mejor mañana. Sin embargo, ¿qué consiste tolerar alguna situación o persona?

Sin ánimo de robarle la frase a una profesora que tuve la dicha de conocer en mi curso de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica, la tolerancia como tal no pareciera ser un “vivamos pacíficamente todos juntos a pesar de que existan conductas o situaciones que no nos parecen” sino más bien un “estoy en desacuerdo con lo que las personas hacen y sin embargo, me abstengo de agredirlas”, es decir “como te tolero, no te mato”. Como pueden ver, la tolerancia a mi parecer es la prolongación en el tiempo de una inadecuada comprensión y entendimiento de una saludable relación interpersonal, es decir, que al tolerar a alguien se simule la ininterrupción de un estado social de tranquilidad, no significa que éste sea realmente tal, lo que finalmente se constituye como una relación pasivo-agresiva entre todos los ciudadanos.

El problema se encuentra en que nuestra concepción de tolerancia no incluye el respeto como tal. Reconocer que a pesar de las diferencias intrínsecas entre todos los humanos, somos iguales en derechos y deberes, constituye el pilar del respeto. Respetando a las personas, se objetivizan las conductas y los estereotipos de seres humanos, liberándolas de la agresividad latente de la tolerancia. 

Racionalizando nuestros pensamientos y acciones podemos entender que no importa si mi vecino es de un grupo étnico distinto del mío, o si la definición sexual de mi vecina no es heterosexual, bajo la calidad de seres humanos que todos ostentamos, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, todos, sin distinción alguna, merecemos una vida libre de violencia y de estereotipos, lo cual se logra respetándonos mutuamente.

Para el efectivo disfrute de estos derechos no es necesaria una homogeneidad ideológica entre todas las personas, sólo se requiere de una voluntad seria y comprometida de convivir sin juzgar a los demás. Este planteamiento genera un problema importante a tener en consideración. ¿Qué sucede entonces con aquellas corrientes de pensamiento que discriminan o generan alguna situación de desigualdad entre todos nosotros? Es muy usual escuchar o leer a las personas cristianas, católicas o no, exigiendo tolerancia hacia sus creencias, de la misma forma en que ellos tienen que tolerar a los no heterosexuales, por mencionar un ejemplo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Debemos aceptar y aplicar una doctrina irrespetuosa de nuestra calidad de seres humanos o “no tolerarla”Para mí, la respuesta es evidente. Respetar lo irrespetuoso no es aceptable ni mucho menos sano o recomendable, de la misma forma que tampoco sería correcto cazar a los cristianos como lo hicieron ellos siglos atrás con las “brujas” y herejes. Una solución posible sería el aceptar la práctica de la religión siempre y cuando sus creencias y rituales no sean contrarias a la dignidad propia de los seres humanos. Sin embargo, unanimidad de interpretación sobre un tema tan sensible para muchas personas, resulta utópico en su naturaleza por lo que el respeto en lugar de tolerancia queda al arbitrio de cada uno de nosotros. Dependerá de nuestras convicciones más profundas, de nuestras creencias más sagradas y de la forma en que percibimos a los demás, si adoptamos el respeto como modelo de vida. A lo que a mi respecta, le pido a todos que no me toleren, respetenme. 

Nelson Rodríguez Mata

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital elPais.cr el 9 de agosto del 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/84373 

Doble cara

Vivimos en un país que se ha dado a conocer a nivel mundial por la cultura pacífica de sus habitantes, y por como las políticas desarrolladas en la gestión internacional proponen el respeto de los derechos humanos, una prueba de esta lucha se encuentra resaltada en el pacto de San José de Costa Rica, suscrito por muchos países que se han sumado a la lucha para la protección y el respeto de los derechos humanos.

Quizá la frase más empleada para caracterizar a los costarricenses sea “pura vida” y como eslogan ha esparcido a través del mundo esa etiqueta sobre nuestro país, lo curioso del caso no es tanto que los extranjeros se lo crean ya que al no vivir aquí no podrían emitir una opinión elaborada al respecto, lo que resulta realmente curioso es que muchos costarricenses vivan repitiendo esta muletilla como adjetivo sin ahondar más en las circunstancias reales de nuestra nación. 

Resulta repugnante enfrentarse a la situación actual de nuestro sistema penitenciario, en el cual las violaciones a los derechos humanos están a la luz del día, cualquiera que haya visitado alguna vez una cárcel en Costa Rica puede fácilmente notar que las personas recluidas no cuentan con el acceso a muchas de las garantías que en los tratados internacionales se han desarrollado, tanto en el tema específico de los derechos de las personas privadas de libertad como en las convenciones sobre derechos humanos.

Para dar un ejemplo de lo dicho anteriormente me referiré al artículo cinco de la Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José Costa Rica” en sus numerales cuatro y seis se describen aspectos de cómo debe ser tratada una persona privada de libertad en cuanto a los procesados y los que aún no tienen una sentencia en firme, como lo son las personas que se encuentran en medidas cautelares, estas personas deben recibir un trato diferente al de los demás privados de libertad, sin embargo hallamos en una celda destinada a una capacidad de diez presos alrededor de treinta personas, sin distinción de las personas que ya descuentan una sentencia con las que están en prisión preventiva, me atrevo a utilizar el término presos porque la celda en sí no es más que una jaula.

La doctrina se ha esmerado en cambiar el término con el que deben ser llamadas las personas que se encuentran en prisión, para no violentar los derechos inherentes al ser humano, de manera que en lugar de llamarlos, reos o presos, se prefiere llamar privado de libertad, y más específicamente privado de libertad de tránsito, sin embargo aunque el cambio se dio a un nivel semántico, las circunstancias en los penales no ha cambiado mucho, las libertades y derechos de los que son privados los detenidos son muchos más que sólo la libertad de tránsito.

En fin hasta que el discurso político, y los esfuerzos realizados tanto en el derecho internacional como en la legislación interna de Costa Rica en derechos humanos y trato de las personas privadas de libertad trascienda de lo teórico a la experiencia material fáctica no podemos hablar del proceso de resocialización en los penales con relativo optimismo.

Y como comentario final aunque falte mucho que agregar sobre el tema, es importante tomar conciencia de hasta qué punto la doble cara del discurso en materia de protección de los derechos humanos, propone por un lado el respeto y la protección, mientras con la otra cara olvida a los seres humanos hacinados en las celdas que no pueden más que tratar de sobrevivir y acumular rencor hacia una sociedad que los desprecia y los mantiene recluidos en jaulas negándoles sus derechos propios como ser humano. 

Santiago Ramírez

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica     

Artículo publicado en el diario digital elPais.cr el 7 de agosto de 2013.
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/84265

Torres de Tele(in)comunicaciones

¿Cómo es regulada actualmente la instalación de las torres de telecomunicaciones? ¿De manera unitaria e integral en todo el país, o cada municipalidad está en la obligación de establecer sus directrices? ¿Cuáles son los puntos en contra de la instalación de estos artefactos?

Avanzando un poco en el análisis de la problemática voy a exponer los mayores puntos en conflicto que existen, tanto desde el ámbito jurídico (reglamentos, resoluciones judiciales), como desde la perspectiva cantonal (salud ambiental, permisos municipales).

En primer punto, y siendo el conflicto que ha tenido más presencia en nuestros medios, se encuentran las regulaciones ambientales. Se expone que estas torres emiten niveles de radiación que pueden resultar en el menoscabo de la salud de los ciudadanos. Sobre este punto se tiene como respaldo normativo lo expuesto por la Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 3, que aboga por un desarrollo integral y por sobre todo, amigable con el ambiente. De la misma manera, es denunciado por grupos ambientalistas, abogados, ciudadanos y ciertos medios de comunicación, que no hay motivo para que se exima, como oportunamente se hizo, de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental antes del inicio de los proyectos de torres de telecomunicaciones, esto trae consigo el descontento de ambientalistas y legisladores, que alegan que es necesario hacer estos estudios, ya que se está actuando en contra de normativa ambiental de carácter obligatoria.

En la resolución Nº 02031 del año 2009 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se acuerda que, para agilizar trámites, las empresas pueden presentar el Formulario D2 en vez del Formulario D1 para la solicitud de instalación las torres celulares. El formulario D1 de evaluación ambiental a la postre es el instrumento de mayor profundidad y detalle ya que presenta exigencias mayores para cualquiera que quiera comenzar a desarrollar algún proyecto. Otro aspecto importante de esta herramienta de evaluación ambiental es que da más seguridad jurídica, ya que todos los estudios deben ser presentados antes de otorgar una viabilidad a dicho proyecto.

Además, se considera que estas regulaciones vía decreto van en contra de la Ley 8622 Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC). En su capítulo 17 el cual es de carácter ambiental se presentan regulaciones y los lineamientos que deben de seguir los países que lo ratificaron. Mediante estas directrices se estaría promoviendo el comercio o la inversión extranjera, mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en la ley.

Por otro lado, el gobierno costarricense por medio del decreto ejecutivo Nº 36324-S Reglamento para Regular la Exposición a Campos Electromagnéticos de radiaciones no ionizantes emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ, establece los límites permitidos de estos campos electromagnéticos. En Costa Rica se acepta 4,5 W/m2 para 900MHz, o 9W/m2 para los 1800MHz. Sin embargo, esta normativa es más del doble de la normativa catalana (2 W/m2 y 4W/m2), mucho más que la italiana (0,1W/m2) y cien veces mayor que la suiza (0,043 y 0.01W/m2).

Así que es clara la necesidad continuar el análisis del impacto en la salud que estos dispositivos pueden llegar a tener, más allá de que ya contemos con una regulación sólida y vigente en este campo. Desde mi punto de vista es la SUTEL la que debe de liderar esta iniciativa junto con la SETENA y el Ministerio de Salud.

Aparte de la concesión de SUTEL, las torres de telecomunicaciones por ser uso de suelo requieren un permiso municipal. Este permiso anteriormente era tramitado por el Estado. A partir del año 2010 cada cantón tenía que crear su reglamento. La FEMETROM o Federación Metropolitana de Municipalidades crea en los años 2010 y 2011 un Reglamento General para Licencias Municipales en telecomunicaciones que va a ser utilizado de forma genérica por muchos de los cantones costarricenses, situación que conlleva necesariamente problemas de aplicación del mismo. De igual manera, se obviaron situaciones de carácter técnico que necesitaban ser reguladas tales como la altura mínima de las torres, la instalación de las mismas en zonas residenciales sin restricción alguna y la no aplicación de nuevas directrices con respecto al uso de suelos. Se observa claramente que todavía no se logra una regulación uniforme y completa del tema, y que por diversos motivos (tiempo, desconocimiento, intereses sobrepuestos) no se avanza hacia una solución integral. 

Muchas municipalidades adoptan esta normativa, algunas otras deciden modificarla mientras que hasta el día de hoy las restantes todavía no toman una decisión con respecto a la reglamentación de la instalación de las torres celulares.

Ante la problemática de las lagunas en la normativa relativa a algunos aspectos técnicos de la instalación de las torres, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en abril del año 2012 vía reglamento definió lineamientos para la colocación e instalación de torres de telecomunicaciones. Fue publicado en La Gaceta como una modificación a su Reglamento de Construcciones.

Es importante ver hacia el futuro, copiando lo bueno y desechando lo que ya sabemos que no sirve antes de cometer los mismos errores que han tenido lugar en distintas latitudes. La apertura al diálogo es vital, se desechan los intereses de la gran empresa y se interponen los de una sociedad que se merece transparencia así como también el fácil acceso a las telecomunicaciones. El no obstaculizar solo por hacerlo es un punto esencial, no podemos permitir que como pueblo nos dejen fuera de la discusión una vez más. Desde mi punto de vista, es necesario un análisis integral de carácter legal así como también ambiental de nuestra realidad que permita el ingreso de manera responsable a las nuevas tecnologías, esto, si queremos competir y mantenernos a flote en el panorama mundial.

Rodolfo Miranda

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital elPais.cr el 3 de agosto de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/84129