A lo largo de los años, Costa Rica se ha visto sumida en una problemática, que llega a incidir directamente en la seguridad e integridad física de quienes transitan por las calles del país. Vivimos una guerra diaria en nuestras carreteras que cobra las vidas de gran cantidad de seres humanos. Se presenta entonces la interrogante de cuáles pueden ser las causas que nos han llevado a este punto, lo cual arroja distintas aristas.
Desde edades tempranas, se nos enseña equivocadamente que las carreteras son una especie de territorio reservado única y exclusivamente para los automóviles, y que cualquier otro elemento es ajeno a este espacio. Por esta razón, las personas que utilizan este medio para practicar algún deporte o para transportarse, son constantemente atacadas por quienes transitan en vehículos automotores.
Si bien es cierto el Artículo 118, inciso a) de la actual Ley de Tránsito establece que el MOPT debe realizar programas para “concientizar a los conductores y ciclistas sobre su obligación de compartir la vía pública y cumplir las normas establecidas”, la realidad dista mucho de la norma. Por ejemplo, en el Manual del Conductor una de las únicas (si no es que la única) referencias que se hace del ciclista, es una imagen de una señal de tránsito que prohíbe el paso de ciclistas por una ruta.
Por otra parte, si bien es cierto la Ley de Tránsito sanciona la conducción en estado de ebriedad (sin considerar si lo hace con la gravedad que ameritaría el hecho), existe una cierta sensación de impunidad relacionada al mal ejemplo que en la historia actual han protagonizado distinguidas figuras públicas y políticas, sorprendidas conduciendo en este estado y hasta lesionando la integridad de terceros, lo cual menoscaba en gran medida los esfuerzos que puedan llegar a realizarse desde el mensaje político.
En países como Estados Unidos, desde la escuela y el colegio se imparten cursos de educación vial a los estudiantes, y los exámenes escritos y prácticos para la obtención del respectivo permiso de conducir conllevan cierta rigurosidad y seriedad, y aunque se obtiene a una edad más temprana, el proceso se realiza más responsablemente.
Lo anterior contrasta con la realidad nacional, en la que no se pone a prueba realmente el conocimiento de la normativa ni la capacidad o habilidad del futuro conductor, aunado al hecho de que el fraude en ambas pruebas parece ser una cuestión cotidiana.
Es necesario un cambio en el discurso político en materia de educación vial, pero más importante, que se realicen acciones tangibles que apunten a un avance en la materia. El mensaje de concientización debe ser entregado primordialmente por los entes gubernamentales, y subsidiariamente por las distintas Asociaciones, y no a la inversa, como se ha venido dando en el país.
Debemos, como peatones, conductores, deportistas o en general como usuarios de las vías públicas, propiciar un cambio en la mentalidad y en el accionar a la hora salir a la carretera y es vital que este inicie desde el hogar y las aulas, y continúe desarrollándose a lo largo del diario vivir.
Daniel Vargas Navarro
Desde edades tempranas, se nos enseña equivocadamente que las carreteras son una especie de territorio reservado única y exclusivamente para los automóviles, y que cualquier otro elemento es ajeno a este espacio. Por esta razón, las personas que utilizan este medio para practicar algún deporte o para transportarse, son constantemente atacadas por quienes transitan en vehículos automotores.
Si bien es cierto el Artículo 118, inciso a) de la actual Ley de Tránsito establece que el MOPT debe realizar programas para “concientizar a los conductores y ciclistas sobre su obligación de compartir la vía pública y cumplir las normas establecidas”, la realidad dista mucho de la norma. Por ejemplo, en el Manual del Conductor una de las únicas (si no es que la única) referencias que se hace del ciclista, es una imagen de una señal de tránsito que prohíbe el paso de ciclistas por una ruta.
Por otra parte, si bien es cierto la Ley de Tránsito sanciona la conducción en estado de ebriedad (sin considerar si lo hace con la gravedad que ameritaría el hecho), existe una cierta sensación de impunidad relacionada al mal ejemplo que en la historia actual han protagonizado distinguidas figuras públicas y políticas, sorprendidas conduciendo en este estado y hasta lesionando la integridad de terceros, lo cual menoscaba en gran medida los esfuerzos que puedan llegar a realizarse desde el mensaje político.
En países como Estados Unidos, desde la escuela y el colegio se imparten cursos de educación vial a los estudiantes, y los exámenes escritos y prácticos para la obtención del respectivo permiso de conducir conllevan cierta rigurosidad y seriedad, y aunque se obtiene a una edad más temprana, el proceso se realiza más responsablemente.
Lo anterior contrasta con la realidad nacional, en la que no se pone a prueba realmente el conocimiento de la normativa ni la capacidad o habilidad del futuro conductor, aunado al hecho de que el fraude en ambas pruebas parece ser una cuestión cotidiana.
Es necesario un cambio en el discurso político en materia de educación vial, pero más importante, que se realicen acciones tangibles que apunten a un avance en la materia. El mensaje de concientización debe ser entregado primordialmente por los entes gubernamentales, y subsidiariamente por las distintas Asociaciones, y no a la inversa, como se ha venido dando en el país.
Debemos, como peatones, conductores, deportistas o en general como usuarios de las vías públicas, propiciar un cambio en la mentalidad y en el accionar a la hora salir a la carretera y es vital que este inicie desde el hogar y las aulas, y continúe desarrollándose a lo largo del diario vivir.
Daniel Vargas Navarro
Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Universidad de Costa Rica
Artículo publicado en el diario digital El País.cr el sábado 27 de abril de 2013.
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