“(…) cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo, valiente y viril”, es la estrofa del Himno Nacional que tan rutinariamente entona la ciudadanía; sin embargo, esta letra hace ya eco en aquellos estratos de la sociedad costarricense donde la corrupción, la ineficacia e inoperancia de la Administración pública inducida por nuestra clase política han dejado huella.
Como se ha señalado insistentemente, nuestra nación enfrenta una crisis social, política y económica, propia de un país que se encuentra convulsionando en dirección a una inminente transformación, regeneración o degeneración como parece indicar el paso del tiempo; donde las bases institucionales y el papel del Estado como garante de derechos y garantías sociales está fuertemente cuestionado, y esto con toda razón.
Durante años se ha venido gestando un deterioro acelerado de la calidad de vida del y la costarricense, reflejada y manifiesta en el encarecimiento del costo de vida, la crisis del seguro social, la seguridad pública, la educación costeada por el estado, la falta de infraestructura, y el pobre acceso a bienes y servicios por un grueso importante de la población, esto por citar algunos ejemplos.
Este país caracterizado por el bienestar generalizado obtenido en aquel venerado –y criticado- Estado Benefactor a través de la construcción y consolidación de una sólida base institucional, que logró en muchas ámbitos llevar a índices de primer mundo, encontró en su propia cúpula política un verdugo, que lentamente le ha puesto en agonía y ha subastado a cualquier postor su riqueza, su patrimonio y su pueblo de forma especialmente peligrosa.
Pareciera perfectos los esfuerzos y políticas dirigidas a dar término con este remanente solidario y universal que ha caracterizado a Administración pública, los mismos que se despliegan a vista y paciencia de la ciudadanía costarricense y los propios funcionarios públicos sin mayor resistencia u oposición, con unos cuantos reclamos y propuestas sí, pero sin mayor cambio o repercusión en la realidad.
Lamentablemente esto no es el mayor problema que como país se tiene, ya que de una u otra forma, la solución a los males que nos aquejan está sobre la mesa. Desdichadamente tenemos una ciudadanía habituada y acomodada a la lenta marcha, la ineficacia y a la negligencia propia del accionar público; que ante la corrupción y desmantelamiento del aparato estatal, han optado por una pasividad propia de la idiosincrasia costarricense.
Este pequeño esfuerzo apela al poder ciudadano, el cual no ha sido capaz de colectivizar y direccionar el descontento, el enojo y la crítica que logre modificar y reencausar nuestra vida política, económica y social.
Bien señala nuestra Constitución Política –para hacer referencia a la generalidad- de los deberes de aquellos que ostentan el poder político, así como el papel del y la costarricense ante la inoperancia y la inactividad de la Administración. A pesar de ello la realidad muestra como en apariencia somos ajenos a nuestra propia patria, como si los logros instituciones, legales y sociales fuesen mana del cielo. Somos y seguiremos siendo víctimas de dirigentes y gobernantes oportunistas, populistas, y parciales que por mucho han demostrado a qué intereses y capitales responden y se sublevan.
En la última década ha sido notorio las intenciones neoliberales, que han querido doblegar nuestra constitucionalidad, nuestra seguridad jurídica y el modo de vida del y la costarricense, elementos que por años formaron parte de nuestra tradición democrática y universalista.
A pesar de los esfuerzos dirigidos a mitigar tal daño, nos encontramos ante un inminente colapso y convulsión de nuestras bases y principios que sustentaron nuestro proyecto de nación. Por lo cual hay que apelar al mandato constitucional del artículo 18 que entre otras cosas manda a la defensa de la patria, tal y como entonamos en nuestro himno nacional.
Es necesario y trascendental lograr que las fuerzas sociales confluyan en dirección a la transformación social, de redirección política y de defensa de la institucionalidad pública, un retorno a aquellas prácticas y bases que permitieron el desarrollo de nuestra tradición democrática, solidaria y universal; de lo contrario, nos expondremos a una mayor –y sin precedentes- exclusión y pauperización de la sociedad costarricense, la cual ya forma parte de nuestro ideario nacional.
Javier Rodríguez Rivera
Como se ha señalado insistentemente, nuestra nación enfrenta una crisis social, política y económica, propia de un país que se encuentra convulsionando en dirección a una inminente transformación, regeneración o degeneración como parece indicar el paso del tiempo; donde las bases institucionales y el papel del Estado como garante de derechos y garantías sociales está fuertemente cuestionado, y esto con toda razón.
Durante años se ha venido gestando un deterioro acelerado de la calidad de vida del y la costarricense, reflejada y manifiesta en el encarecimiento del costo de vida, la crisis del seguro social, la seguridad pública, la educación costeada por el estado, la falta de infraestructura, y el pobre acceso a bienes y servicios por un grueso importante de la población, esto por citar algunos ejemplos.
Este país caracterizado por el bienestar generalizado obtenido en aquel venerado –y criticado- Estado Benefactor a través de la construcción y consolidación de una sólida base institucional, que logró en muchas ámbitos llevar a índices de primer mundo, encontró en su propia cúpula política un verdugo, que lentamente le ha puesto en agonía y ha subastado a cualquier postor su riqueza, su patrimonio y su pueblo de forma especialmente peligrosa.
Pareciera perfectos los esfuerzos y políticas dirigidas a dar término con este remanente solidario y universal que ha caracterizado a Administración pública, los mismos que se despliegan a vista y paciencia de la ciudadanía costarricense y los propios funcionarios públicos sin mayor resistencia u oposición, con unos cuantos reclamos y propuestas sí, pero sin mayor cambio o repercusión en la realidad.
Lamentablemente esto no es el mayor problema que como país se tiene, ya que de una u otra forma, la solución a los males que nos aquejan está sobre la mesa. Desdichadamente tenemos una ciudadanía habituada y acomodada a la lenta marcha, la ineficacia y a la negligencia propia del accionar público; que ante la corrupción y desmantelamiento del aparato estatal, han optado por una pasividad propia de la idiosincrasia costarricense.
Este pequeño esfuerzo apela al poder ciudadano, el cual no ha sido capaz de colectivizar y direccionar el descontento, el enojo y la crítica que logre modificar y reencausar nuestra vida política, económica y social.
Bien señala nuestra Constitución Política –para hacer referencia a la generalidad- de los deberes de aquellos que ostentan el poder político, así como el papel del y la costarricense ante la inoperancia y la inactividad de la Administración. A pesar de ello la realidad muestra como en apariencia somos ajenos a nuestra propia patria, como si los logros instituciones, legales y sociales fuesen mana del cielo. Somos y seguiremos siendo víctimas de dirigentes y gobernantes oportunistas, populistas, y parciales que por mucho han demostrado a qué intereses y capitales responden y se sublevan.
En la última década ha sido notorio las intenciones neoliberales, que han querido doblegar nuestra constitucionalidad, nuestra seguridad jurídica y el modo de vida del y la costarricense, elementos que por años formaron parte de nuestra tradición democrática y universalista.
A pesar de los esfuerzos dirigidos a mitigar tal daño, nos encontramos ante un inminente colapso y convulsión de nuestras bases y principios que sustentaron nuestro proyecto de nación. Por lo cual hay que apelar al mandato constitucional del artículo 18 que entre otras cosas manda a la defensa de la patria, tal y como entonamos en nuestro himno nacional.
Es necesario y trascendental lograr que las fuerzas sociales confluyan en dirección a la transformación social, de redirección política y de defensa de la institucionalidad pública, un retorno a aquellas prácticas y bases que permitieron el desarrollo de nuestra tradición democrática, solidaria y universal; de lo contrario, nos expondremos a una mayor –y sin precedentes- exclusión y pauperización de la sociedad costarricense, la cual ya forma parte de nuestro ideario nacional.
Javier Rodríguez Rivera
Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Universidad de Costa Rica
Artículo publicado en el diario digital El País.cr el miércoles 24 de abril de 2013.
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