Hoy en día en nuestro país sufrimos el problema de la inseguridad ciudadana. Las políticas estatales no han solucionado el incremento de los asaltos, homicidios, etc., al contrario, han confundido a la población proponiendo la prisión como la única y mejor solución. Cuando en realidad sólo “erradica” la problemática de momento.
Hemos tenido que enfrentar una realidad preocupante. La población juvenil de nuestro país viene incrementando su participación en la comisión de diferentes delitos. La ratificación de la Convención sobre los derechos del Niño (1990) y el cambio de pensamiento propiciado por la doctrina de la “Protección Integral del Niño”, fueron antecedentes para que se creara la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996).
Se estableció un sistema penal apartado del sistema penal de adultos. La Ley de Justicia Penal Juvenil en su artículo 7 expone que ésta tiene como fin resocializar, formar integralmente y velar por el respeto de los derechos de la persona menor; pero en la prisión, todo esto parece ser ignorado.
Las condiciones en las que se encuentran esos jóvenes, de hacinamiento, violencia, manipulación, deterioro tanto mental como físico, etc. exponen una realidad que desde hace mucho tiempo no se ha querido tratar. La prisión no es la medida que va a ofrecer la solución a los problemas, se ha hecho desde años atrás y hoy tenemos las mismas consecuencias.
En su lugar se debería fomentar más la educación y muchos otros procesos formativos, ya que resultan necesarios tanto para la inserción productiva como social de una persona. Son muchos los elementos que juegan un papel indispensable en la construcción personal de las personas pero hoy sólo se subestiman. Lo que ocupamos mejorar es la calidad de vida y con ello aportar un beneficio a la vida en sociedad.
Estos procesos formativos, de educación, disciplina, deporte, etc., han quedado rezagados y en mi opinión, los esfuerzos estatales se deben proyectar tanto en la prisión como fuera de ella. Es necesario implementar políticas que atiendan las causas y no sólo las consecuencias del delito.
No pretendo creer que con la educación bastaría para que la cifra de delitos sea erradicada, pero sí creo que disminuiría. Vivimos en una época donde para surgir se ocupa estudiar, trabajar y en su gran mayoría, los jóvenes en los centros penitenciarios provienen de ambientes de hogar y/o barrio que no son sanos.
La influencia de dinero fácil aunado a una situación económica difícil y tal vez de drogas, genera que la escuela sea dejada en segundo plano y que la interiorización de valores que dirigen una vida no sea posible. Por ello considero que en lugar de concebir al sistema privativo de libertad un fin en sí mismo, se debería auxiliar ese deterioro social que es una de las causas fundamentales para que más jóvenes pasen a engrosar la lista de “delincuentes”.
Debemos entender que nuestro contexto está influenciado por una visión de Derechos Humanos y que parte de esa política se concentra en dotar al ser humano de instrumentos, como lo es la educación, para enfrentar el diario vivir.
Nos debemos deshacer de los mitos y posicionarnos en la situación de esos jóvenes que, si bien es cierto, actuaron contra la ley y deben asumir las consecuencias, también son personas con una larga historia detrás. En vez de atacar esas vidas humanas nos debemos centrar también en esas fuerzas que han venido aumentando esa injusticia social.
Karol Rodríguez Rodríguez
Hemos tenido que enfrentar una realidad preocupante. La población juvenil de nuestro país viene incrementando su participación en la comisión de diferentes delitos. La ratificación de la Convención sobre los derechos del Niño (1990) y el cambio de pensamiento propiciado por la doctrina de la “Protección Integral del Niño”, fueron antecedentes para que se creara la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996).
Se estableció un sistema penal apartado del sistema penal de adultos. La Ley de Justicia Penal Juvenil en su artículo 7 expone que ésta tiene como fin resocializar, formar integralmente y velar por el respeto de los derechos de la persona menor; pero en la prisión, todo esto parece ser ignorado.
Las condiciones en las que se encuentran esos jóvenes, de hacinamiento, violencia, manipulación, deterioro tanto mental como físico, etc. exponen una realidad que desde hace mucho tiempo no se ha querido tratar. La prisión no es la medida que va a ofrecer la solución a los problemas, se ha hecho desde años atrás y hoy tenemos las mismas consecuencias.
En su lugar se debería fomentar más la educación y muchos otros procesos formativos, ya que resultan necesarios tanto para la inserción productiva como social de una persona. Son muchos los elementos que juegan un papel indispensable en la construcción personal de las personas pero hoy sólo se subestiman. Lo que ocupamos mejorar es la calidad de vida y con ello aportar un beneficio a la vida en sociedad.
Estos procesos formativos, de educación, disciplina, deporte, etc., han quedado rezagados y en mi opinión, los esfuerzos estatales se deben proyectar tanto en la prisión como fuera de ella. Es necesario implementar políticas que atiendan las causas y no sólo las consecuencias del delito.
No pretendo creer que con la educación bastaría para que la cifra de delitos sea erradicada, pero sí creo que disminuiría. Vivimos en una época donde para surgir se ocupa estudiar, trabajar y en su gran mayoría, los jóvenes en los centros penitenciarios provienen de ambientes de hogar y/o barrio que no son sanos.
La influencia de dinero fácil aunado a una situación económica difícil y tal vez de drogas, genera que la escuela sea dejada en segundo plano y que la interiorización de valores que dirigen una vida no sea posible. Por ello considero que en lugar de concebir al sistema privativo de libertad un fin en sí mismo, se debería auxiliar ese deterioro social que es una de las causas fundamentales para que más jóvenes pasen a engrosar la lista de “delincuentes”.
Debemos entender que nuestro contexto está influenciado por una visión de Derechos Humanos y que parte de esa política se concentra en dotar al ser humano de instrumentos, como lo es la educación, para enfrentar el diario vivir.
Nos debemos deshacer de los mitos y posicionarnos en la situación de esos jóvenes que, si bien es cierto, actuaron contra la ley y deben asumir las consecuencias, también son personas con una larga historia detrás. En vez de atacar esas vidas humanas nos debemos centrar también en esas fuerzas que han venido aumentando esa injusticia social.
Karol Rodríguez Rodríguez
Estudiante de la Facultad de Derecho.
Universidad de Costa Rica
Universidad de Costa Rica
Artículo publicado en el diario El País.cr el domingo 21 de abril de 2013.
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