Al observar los noticieros de nuestro país nos damos cuenta del aumento de la criminalidad y la violencia con la cual se llevan a cabo; notamos la descomposición de una sociedad que cambia a pasos gigantes; creando así en la población un sentimiento de inseguridad, abandono, miedo y con ello la búsqueda de formas para garantizar su bienestar. Entre esas formas son la adquisición de dispositivos de seguridad (alarmas, rejas, alambres de navaja, cámaras de seguridad), unirse en los barrios como seguridad ciudadana, servicios privados de seguridad o bien retirarse de acercarse a los puntos de aglomeración de personas o bien recluirse en sus casas; exclamando y exigiendo al Estado su obligación de garantizar el libre tránsito y la paz social, asegurando su tranquilidad.
Por su parte el Poder Ejecutivo ante ese clamor público de pronta solución de dicho conflicto; procede a realizar una serie de acciones como por ejemplo poner más policías en las calles, endureciendo la leyes mediante reformas parciales y pidiendo condenas más severas al Poder Judicial. Así mismo el Poder Legislativo se rasga las vestiduras y pide mayor seguridad, mano dura por parte de los juzgadores; sin tomar medidas realmente severas y planificadas a corto, mediano y largo plazo, atacando la raíz y parte neurálgica del problema.
La intervención que se deberá realizar a las bases de la sociedad, atacando el hambre, la pobreza, la violencia, la falta de empleo, la ignorancia, las adicciones, la pocas o nulas posibilidades de superación que ofrece la sociedad. Esta labor ha de realizarse en una forma interdisciplinaria en la cual las instituciones creadas por el estado para ese fin, entre otras INVU, PANI, IAFA, IMAS, sean las llamadas a brindar una solución a esas carencias, las cuales poco a poco corroen las bases y conllevan a realizar delitos contra la vida o propiedad que son originados por males sociales.
Como uno de tantos ejemplos podríamos citar los delitos contra la propiedad que son producidos por los indigentes que se sitúan en las calles de nuestras ciudades; detrás de ellos se encuentran historias de violencia, adicciones, depresiones que la sociedad como un todo no atacó o bien ayudó a sanar y esa persona cayó al fondo del abismo; si existiera una mano amiga por parte de personas capacitadas para ello, primeramente no se caería en esa condición y con ello el daño colateral a la sociedad; y así podríamos citar miles de situaciones particulares que, por no existir ayuda pronta se recurre a lo más fácil el robo, el asesinato, la estafa para satisfacer necesidades.
Esas necesidades que en la pobreza serían satisfacer alimento y abrigo; son catalizadores para delinquir y justificar el daño causado; pero si el Estado fuera eficiente y eficaz procedería erradicar esos puntos de inicio; y no en la implementación del miedo a la represión por parte quien ostenta el Poder; al aumentar las penas con la cual se castigan a quienes violan el ordenamiento. Se ha comprobado en otros países que el aumento a 50 años como pena máxima o bien como la imposición de “Pena de Muerte”, no ha dilucidado a la población a cometer delitos ya que un pueblo con hambre no mide consecuencias.
Así mismo con los años hemos notado un aumento en la población penitenciaria, principalmente por la entrada en vigencia de los Tribunales Penales de Flagrancia y con la imposición extrema de Prisión Preventiva como pena anticipada y no como medida cautelar para asegurar el resultado de la investigación; lo cual no ha llevado a una baja en el índice de criminalidad de nuestra sociedad, sino un aumento de los recluidos; ya que para agravar la situación han salido a la luz pública situaciones de acciones delictivas de “Cuello Blanco” que ponen en entredicho a la clase política y poderosa de nuestro país. Aumentando más el reclamo social hacia quienes llevan las riendas de nuestro país; y demeritando la labor realizada por los juzgadores los cuales imponen las penas que por ley son destinadas a cumplirse.
Cabe indicar que no existe una coordinación entre poderes ya que por ejemplo el Poder Judicial somete a una persona a un proceso desgastante para asegurar su culpabilidad en el hecho imputado; y ordena cumplir con su pena en un centro de Asistencia. Instituciones, cuya finalidad es reinsertar al condenado a la sociedad prontamente enseñándole un oficio y a convivir en paz social; procede a aplicar reglas diferentes y plazos propios para poder liberar a personas que no han cumplido con el daño que le realizaron a la sociedad; parámetros opuestos a los sometidos en el Poder Judicial (beneficios carcelarios y tiempo de descuento que no son acordes al tipo de sanción); así como de no contribuir efectivamente con la sociedad; así como no contribuir con trabajo el esfuerzo realizado por la sociedad.
Por ello el ataque a una sociedad enferma debe de realizarse por todas las instituciones y todos debemos ser parte de esa avanzada, aportando nuestro grano de arena para lograrlo; ingresando a todos los sectores pero con mayor fuerza a las barriadas en las cuales el delito es visto todos los días y hasta normal; porque los niños crecen observando ese comportamiento y lo imitan; con esto criaríamos personas destinadas a una vida pobre y con inclinación a tomar lo necesario para lograr una vida más digna.
Seguridad Ciudadana no es poner más policías en las calles, es hacer de Costa Rica un país seguro para caminar con nuestros hijos como no hace mucho hacían nuestros padres con nosotros; que nuestros niños solo se dediquen a jugar y no a trabajar para poder comer.
Luis Guillermo Rodríguez Navarro
Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Artículo publicado en el diario digital elPais.cr el 16 de agosto de 2013.
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