Visión Crítica: Proceso de Matrícula de la Universidad de Costa Rica

En los últimos años el debate se ha centrado, sobre cuáles han sido los aspectos que determinan la obtención de cupo en los cursos de la Universidad de Costa Rica. Se han abordado temas como la eliminación de la matrícula de ampliación, la mala negociación del V Convenio del Fondo Especial Para la Educación Superior (FEES), entre muchos otros aspectos. Lo cierto es que esta problemática se ha visto afectada por otras divergencias, a las cuales si se les encontrara solución, se lograría la aplicación de un sistema mucho más progresivo y eficiente. El faltante de cupos, responde a varios ejes o vertientes, dentro de los cuales podemos mencionar: la planificación, el presupuesto, la infraestructura, y su proceso de adjudicación. Estas nociones se ven estrictamente relacionadas de forma integral.

Sobre la planificación, debemos mencionar, que es el ámbito principal en el que se desenvuelve el acceso a cupos. Si bien es cierto, los planes en infraestructura y detalles de cursos (profesores, materias y cantidad de alumnos por curso) se presentan desde 6 meses antes, por parte de las unidades académicas, hacia la Oficina de Registro e Información (ORI), con una visión de garantizar un trabajo de eficiencia y preparación; esto no se concreta y más bien genera un tema un poco más contradictorio. ORI no ha concretado un trabajo de investigación y fiscalización. No se corrobora la veracidad de los informes. Esto provoca que la labor de adjudicación de espacio físico se torne mucho más complicada. Al asignar aulas, siempre queda un porcentaje menor que debe de ser reubicado, con el fin de certificar un acomodo veraz, seguro y eficiente. Esta tarea se da de manera residual sin centralizar información, por lo tanto, trasladan grupos y se asignan aulas con los sobrantes de diversas unidades académicas. Es decir, según clases o laboratorios, que no fuesen incluidas, dentro de los planes de uso de las unidades.

Durante el periodo de matrícula, la necesidad se torna inminente, más cuando muchos cursos no han logrado ser ubicados o reubicados. Ante esto se dan negociaciones, se ofrecen y se exigen determinados favores. Se da un irrespeto por algunas unidades académicas hacia directrices de Rectoría. Incluso se han utilizado de manera estratégica, estas necesidades, como método de presión para exigir la puesta en marcha de la construcción de los nuevos Mega proyectos de facultades. Y es que se termina ubicando cursos con una cantidad de estudiantes menor en aulas sobre capacitadas, pocos estudiantes en aulas con mucho espacio. Esto también se desenvuelve a la inversa, lo que es aún más preocupante.

El tema presupuestario, generalmente aducido al FEES, se vincula con la planificación. La UCR había logrado concretar un fondo de superávit direccionado parcialmente, por la Vicerrectoría de Docencia, para asignar tiempos docentes. Si bien es cierto, al planificar, las unidades académicas, estas lo hacen tomando en cuenta su propio presupuesto pero algunas terminan sobre utilizándolo en temas no tan primordiales, dejando de lado necesidades inmediatas. Es aquí donde se gestionaba con anterioridad el uso de ese superávit. Sin embargo hoy se utiliza un fondo de ahorro de emergencia. Este fondo anual, termina utilizándose de forma semestral, pues las unidades académicas no logran responder a la demanda, lo que produce que el presupuesto ordinario se fije en cursos que no necesitan tantos recursos, y cuando hay sobre demanda, para la apertura de más grupos, se termina utilizando el de emergencias que se torna insuficiente, para todo el año.

La infraestructura, se analiza de dos maneras. Desarrolla su aparición por la falta de espacios para impartir lecciones, debido a la sobrepoblación del campus universitario, situación que va en alzada cada año, pues más estudiantes se admiten. En este sentido, cuando se trata de laboratorios, por temas de materiales y de pago de servicios se torna mucho más complicado el tema. El otro aspecto tiene que ver precisamente con la asignación de tiempos docentes y la apertura de cursos, de forma extemporánea. El acceso a espacio físico se hace muy limitado. La federación de estudiantes realiza ante esto una labor investigativa, en busca de lugar donde ubicar a las y los estudiantes, para que reciban dichas lecciones, al ser cursos no planificados de previo.

La asignación de cupos, se da de acuerdo a un promedio ponderado de matrícula. El cual adjudica su cupo dependiendo de la demanda, y del desempeño académico. Lo que sucede es que se da una competencia desigual entre estudiantes, por ejemplo: de Medicina con estudiantes de Ciencias Agroalimentarias (Promedios que tienen una brecha diferencial muy marcada entre sí y que benefician a los primeros por su alto nivel de promedio de ingreso).

El sistema de matrícula debería de responder a una realidad inminente, que no se puede ignorar y que está tocando a la puerta de la rectoría. La exigencia estudiantil es al acceso a cursos, poco importa el desempeño académico, si se logra definir el derecho a la educación obtenido. Lo primordial es responder a la demanda, garantizando un acceso a quienes desean estudiar efectivamente, a quienes incluso lo necesitan, tomando en cuenta casos especiales, con trato necesariamente diferenciado. Se hace significativo decir que la adjudicación, en la actualidad, no responde a la realidad universitaria, por cuanto no logra responder a la demanda. A veces provocando, la deserción, pero este es otro tema. 

Luis Paulino Siles Núñez.

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica. 

Miembro del Equipo de Matricula de la FEUCR.

Artículo publicado en el diario digital elPaís.cr el 8 de junio de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/82161

Sistema Económico y Producción de Dinero

Uno de los grandes paradigmas de la realidad histórica del mundo en que se vive, se refiere al sistema monetario empleado. Como sabemos el dinero nace (o eso creemos), de la producción de una mercancía, sea ésta un bien terminado o los llamados “comodities”.

Imaginemos una empresa que produce zapatillas deportivas o teléfonos inteligentes. Tendremos que el valor de tal lote de mercancía será igual a costos de producción (que incluye salarios) que supongamos vale 1000 colones. Desde luego, la ganancia del precio de mercado no se va repartir equitativamente entre quienes produjeron la mercancía (los trabajadores y administrativos de empresa), entonces se habla de un “Valor agregado” (buena parte es lo que exigen los accionistas), es decir la diferencia entre el precio de mercado y el costo de producción, que incluye hasta el combustible necesario para llevar el producto a una tienda comercial. Supongamos un precio final de ese lote igual a 30,000 colones. Aquí tenemos la primera falacia de la economía:

a. Lo único que se produjo realmente en mercancía tuvo un valor equivalente a mil colones, sin embargo el Banco Central está obligado a imprimir 30,000 colones si es que quiere asegurar que haya suficiente dinero en la calle como para que el lote de mercancía se venda. Es decir tiene que imprimir 29,000 colones adicionales que, pese a que no representan ninguna mercancía, son la comisión que todos cobraron por hacer llegar la mercancía a la tienda de venta, incluyendo la exagerada ganancia de los socios quienes se enriquecen del trabajo de sus usualmente pésimamente pagados trabajadores. Estos 29,000 colones son inflación pura y dura. Pues si todas las mercancías se producen bajo estas reglas entonces hay muchísimo más dinero especulativo que mercancías en venta en las tiendas comerciales. Igual pasa cuando un terreno de un año a otro triplica su valor de mercado, solo porque al lado de atrás hicieron un supermercado o un condominio.

Ese valor es totalmente especulativo, y nace de la teoría de la oferta y la demanda, de la pregunta ¿Cuánto está dispuesto a pagar por este lote?. Esto se llama “burbuja inmobiliaria” y es una de las causas de la actual crisis mundial. Se sobrevaloran las propiedades y se necesita que el Banco Central emita muchísimo dinero para que haya suficiente para pagar todos los caprichos de los individuos que operan en el mercado.

Si el gobierno no emite ese dinero, entonces se disparan los precios pues a nadie le alcanza para comprar. Si el gobierno lo emite entonces se dispara la inflación, que los gobiernos tratarán de frenar reduciendo dramáticamente la inversión social, es decir gasto público empobreciendo sociedades enteras. Sin embargo, los economistas ni siquiera se sonrojan cuando admiten que es totalmente lícito que la economía contenga este tipo de falacias.

b. Ahora me referiré a un segundo más alarmante. El llamado dinero fiduciario o dinero que no existe más que por fe (de ahí su nombre fiduciario). Resulta que cuando el Banco Central emite dinero e imprime, se lo da a los bancos para que estos lo presten a cierto interés conforme a la Tasa Básica Pasiva que el mismo Banco fija de manera bastante cuestionable. Entonces las personas físicas y jurídicas piden esos créditos, contratan planillas de trabajadores, invierten en sus empresas, casas etc. Los ahorristas llevan su dinero a un banco “para al menos no perder por la devaluación”. El banco recibe encantado esos ahorros por una ventanilla y por la de atrás vuelve a prestar ese dinero a un interés alto, donde otra persona física y jurídica lo pedirá prestado y así seguirá la cadena de creación falsa del dinero repitiéndose, prestando-ahorrando-prestando un mismo billete muchísimas veces. A los bancos el BCCR sólo le exige mantener en reserva el 15% del dinero que le depositan que llaman “multiplicador monetario”, “coeficiente de caja” o “reserve requirement”. Entonces todos los que pidieron prestado creen que tienen dinero nuevo, pero en realidad todo perteneció a un único ahorrista, o a un mismo lote de dinero impreso por el BCCR. ¿Y de donde sale el dinero para pagar todos los intereses de la cadena de préstamos si menos aún fue impreso o emitido?. Claro que el país se va a hundir en la deuda.

Así las cosas el Banco Central emitió supongamos 1 billón de colones, pero en la calle en realidad circula 80 billones de dinero que no existe, es el famoso “dinero fiduciario”, que se basa en promesas de pago, en otras palabras es DEUDA. ¿Y cómo no queremos que los países del mundo estén endeudados?.

Pues para complicar más las cosas, además existe el “mercado monetario”, que se refiere a las instituciones bancarias y personas jurídicas que se dedican a comerciar con dinero cayendo de nuevo las supuestos de oferta y demanda, o sea a la pregunta de ¿Cuánto dinero está Usted dispuesto a pagar por esta cantidad de dinero? Disparando los precios del mercado cambiario y del dinero nacional que el Banco Central trata de limitar con ciertas políticas dentro de las bandas cambiarias.

¿Qué hace un país como Alemania, EEUU, España, Grecia o Costa Rica con toda esa deuda enorme que producen con el dinero fiduciario? La respuesta me deja aun más perplejo. Sus bancos centrales emisores crean un título-valor de deuda que lo colocan en el mercado financiero nacional o internacional y le llaman en Costa Rica “Bonos de Estabilización Monetaria”, Bonos de Deuda, Bonos del Tesoro etc. Es decir los países emiten títulos de valor de deuda y le dicen a los inversionistas: Si usted me ayuda y me da el dinero que dice este título o bono de deuda, yo Estado le pago un interés a Usted de tanto por ciento al año”.

En otras palabras, hasta la deuda se comercia en las bolsas de valores. Si yo soy un magnate y le compro bonos a países en riesgo como España, este me pagará un 6% anual por haberle yo dado el dinero que el título o bono decía. Y así Alemania que es una economía cuenta con una legión de inversionistas dispuestos a comprar sus bonos, pues su estabilidad económica y capacidad de pago es muy alta y se pueden revender en el mercado especulativo esos títulos de valor. Pero Un país como Grecia o España deben pagar un interés altísimo para que alguien se anime a comprarles sus bonos de deuda, pues son economías que han entrado en recesión, por el ciclo de falacias económicas descritas anteriormente.

Estos ejes de la vida humana el dinero y su fabricación no son abordados ni cuestionados prácticamente por nadie, ni por ninguna tendencia política ni de izquierdas ni de derechas.

Oliver Mora Tumminelli

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital el País.cr el 23 de mayo de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81605

Privan los deseos de unos pocos, ante el bienestar de todos

El agua es un recurso esencial para el ser humano, por ende para la vida en sociedad, existen muchos otros recursos que son una fuente vital para todo ser vivo como los bosques, sin embargo la depravación del hombre por un desarrollo insostenible, ha llevado a que exista un peligro de escasez de esos recursos, por ejemplo abrir el grifo en la ciudad para tomar agua, es una práctica que en antaño era común y hoy es un privilegio, debido a que el líquido es racionalizado o es más cloro que H2O.

El problema no queda ahí, el ser humano en su depravación ha perdido el sentido de solidaridad necesario para una sociedad justa, es difícil encontrar gobernantes que lleguen al poder con miras al bien común, sino que prevalece el egoísmo para engrosar billeteras de unos pocos, para muestra de un botón en nuestro querido país cada vez son más graves los escándalos de corrupción en casos como “la Trocha”, las concesiones o las piñeras que resultan ser un regalo de los recursos nacionales, en perjuicio de la mayoría que termina pagando caros peajes o tomando agua (si es que tienen suerte) contaminada, la cual no calma sólo la sed si no que trae consigo un cáncer en potencia.

Entonces, queda cuestionarse qué hacer para cambiar el rumbo de la situación, las soluciones no deben caer en la generalidad como sucede con muchas de las propuestas, se deben dar soluciones específicas para cada problema. Sin la intención de caer en un ensayo pretencioso, a continuación mencionaré dos posibles soluciones a los problemas expuestos, cabe acotar que esas dos ideas están sometidas a la prueba y el error, porque sólo así se superan escollos como los que enferman a nuestra sociedad.

Equilibrio entre la producción y el manejo de los recursos. Para cualquier tipo de producción es necesario destinar una serie de recursos, sin embargo se debe hacer un alto en el camino y poner en una balanza la producción y la salud de la población, en aras de no empobrecer esta última por la práctica de la primera.

Las piñeras están impactando el ambiente al punto de que el agua de los alrededores de los sembradíos de piña no es saludable para el consumo humano, acá es importante señalar que en otras latitudes sufrieron este problema por una producción exagerada de esta fruta, lo cual causó que al retirarse las empresas quedaran zonas desérticas, en las cuales no se puede sembrar ningún alimento. Pues bien, existen localidades en el país que les está afectando los químicos utilizados para la producción de piña, por ende se debe actuar para mitigar ese daño, una vía puede ser restringir la utilización indiscriminada de agroquímicos, además exigir a las empresas que no envíen sus desechos a los ríos sin el tratamiento adecuado para evitar la contaminación. Otro camino sería cuestionarse si existen otros alimentos cuya producción para la exportación no deje tanta huella ecológica como la piña.

Asimismo, la población debe ser consciente sobre el cambio climático que se sufre a nivel mundial, donde el agua es un recurso valioso que se considera un derecho humano, además ha quedado demostrado que en muchos lugares el acceso al recurso es restringido sino totalmente nulo, por lo cual se debe hacer un uso del agua de la forma más racional posible, minimizando los riesgos de desperdicio, así como utilizando el agua de lluvia para ciertas actividades como el lavado de un carro.

La revocatoria de mandato para cargos de elección popular. El descontento por los casos de corrupción en los gobernantes es una problemática que viven gran parte de los pueblos latinoamericanos, y Costa Rica no es la excepción. Actualmente son cada vez más comunes temas antes mencionados como la Trocha fronteriza, a la cual se destinó gran cantidad de recursos, y aún no hay claridad sobre si realmente fueron utilizados en la obra o desaparecieron en las manos de personas que aprovecharon el contexto de emergencia ante la alerta pública sobre invasiones nicaragüenses al territorio nacional.

También la concesión de la carretera hacia occidente, donde la empresa concesionaria no se encargaría de tramos necesarios como el puente sobre el Río Virilla, e iba a cobrar un monto de peaje irracional por la utilización del tramo de carretera que se concesionó.

Pues bien, resulta lógico y sensato entonces que si el pueblo mediante las elecciones eligió a cierto candidato como representante de los intereses de la colectividad, pueda también realizar el proceso adecuado para revocar el mandato que le dieron a esa persona, si no cumple con sus funciones, en caso contrario existiría la tendencia de un gobernante que no puede ser sancionado por el incumplimiento de sus labores en perjuicio del pueblo, como ocurre en nuestro país.

La posibilidad de una revocatoria de mandato es una necesidad en nuestro ordenamiento jurídico, tomando en consideración las medidas necesarias para que no sea una decisión tomada con la cabeza caliente de los ciudadanos, sino una decisión acorde a los intereses de los mismos.

Así las cosas, se evidencia un cambio de valores en la sociedad, al menos en la costarricense, en donde el egoísmo priva cada vez más sobre la solidaridad de antaño que permitió el desarrollo de instituciones que velaban por los intereses de todos los ciudadanos.

Silvia Alfaro Rojas

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital el País.cr el 23 de mayo de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81604

Deterioro del acceso a la información en Costa Rica

En Costa Rica el acceso a la información es tanto un principio general del derecho, como un derecho que tienen todas las personas, dentro de la legislación se pueden encontrar diversas normas que lo protegen, para citar algunos ejemplos normativos cabe mencionar los siguientes:

El artículo treinta de la Constitución Política de Costa Rica “garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asunto de interés público”, estableciendo a nivel constitucional el principio de publicidad registral.

Otro ejemplo de la materialización de dicho principio es la promulgación de la ley No. 5695, con la cual se creó el Registro Nacional, cuando en su artículo número uno fija los fines dentro de los cuales se pone como objetivo el “facilitar los trámites a los usuarios”.

La Ley No. 8220, Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, cuando en su artículo número cuatro “publicidad de los trámites y sujeción de ley”, le requiere a la administración que para poder exigirle al administrado cualquier trámite o requisito, deberá haber publicado en La Gaceta y en un diario de Circulación Nacional dicha exigencia, y tendrá que estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución.

Al leer estos tres ejemplos es fácil deducir que en nuestro país se desea proteger el derecho al acceso a la información y a la vez facilitar al administrado su ejercicio, hasta aquí el principio está siendo legalmente protegido sin contradicción alguna. 

Entonces, si tenemos todo este respaldo normativo, como es posible que uno vaya al Registro Nacional a sacar una certificación literal y una copia del pacto constitutivo de una sociedad anónima, tarea bastante común y sencilla, y al llegar a la ventanilla de Plataforma de Servicios, el funcionario da como respuesta “muchacho, aquí está la certificación literal, y del pacto solo tenemos esta hoja, el documento completo no lo tenemos”. Cabe detallar que la única información que trae esa hoja es el tomo, asiento, fecha, hora y usuario que hizo la sociedad.

Ante dicha respuesta del funcionario, le pregunto: ¿Cuál es la razón por la cual no me puede dar el pacto constitutivo completo?. A lo que me responde: “el pacto de esa sociedad no lo tenemos, no está en el registro nacional”.

Sin entrar en detalle, es de conocimiento general que todos los pactos de las sociedades anónimas se inscriben en el Registro Público, y son de acceso público.

Entonces ¿cómo es posible que el Registro Público no tenga el pacto de una sociedad que se encuentra inscrita y vigente?. Luego de conversar con el funcionario, quien no tiene ni la más mínima de idea de por qué no está el pacto completo, me envía con el coordinador de Plataforma de Servicios, quien al ver la hoja, me indica que esa sociedad fue creada mediante el programa Crear Empresa, por lo cual no lo tiene el Registro Nacional, que hable con alguien de Crear Empresa, y le consulte cómo puedo hacer para conseguir dicho pacto.

Consulto a funcionarios de Crear Empresa, y me dice para obtener el pacto constitutivo que busco debo buscar y pedirle al Notario que protocolizó dicho pacto, que por favor me expida un testimonio, y si ya entregó el protocolo al Archivo Nacional, debo ir a esa institución y pedir una copia certificada.

Luego de perder medio día, y no conseguir el documento que necesitaba, me doy cuenta que algo tan sencillo como obtener un pacto constitutivo que antes se conseguía en diez minutos, ahora es una tarea, en el escenario ideal, de dos días.

Sin que se me malinterprete, apoyo y avalo fuertemente el uso de nuevas tecnologías, pero no entiendo y nunca compartiré que la duración de un trámite tan sencillo pase de diez a minutos a mínimo dos días, es un absurdo y contradictorio.

La idea no es atacar a la Administración, es recalcar la negligencia a la hora de implementar nuevas tecnologías a los trámites administrativos, posiblemente por desconocimiento de quien adaptó el procedimiento al software, o pueden haber factores económicos, la verdad razones pueden sobrar, la realidad innegable es que al administrado le interesan soluciones, no las razones del problema.

Tampoco deseo caer en el trillado tema de que el Gobierno no funciona, o que hay muchas leyes pero ninguna se aplica, personalmente considero y reconozco que hay mucho por mejorar, pero debo admitir que otras cosas funcionan muy bien.

A manera de conclusión y de modo reducido, la idea general es que no compliquen más la situación del administrado con faltas tan elementales.

Adrián Cortés Castro 

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital el País.cr el 18 de mayo de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81372

La Ley Penal como solución de conflictos

La ley penal es una norma jurídica dedicada a los delitos con sus respectivas penas y sobre ella recaen las principales preocupaciones de la sociedad costarricense.

En estos últimos años la inseguridad ciudadana ha crecido en forma desproporcionada, ahora no se puede salir de la casa sin mirar hacia todos lados, preocupado por lo que le pueda hacer algún delincuente. Sin embargo, cuando son alcanzados por estos infractores, quieren que sobre ellos recaiga todo el peso de esta ley.

La sociedad espera que sus problemas sean solucionados por un juez, como si éste tuviera una varita mágica que les devuelva su celular robado, su familiar asesinado o, simplemente, su tranquilidad.

El juzgador muchas veces se encuentra ante el dilema de los errores procesales que se pueden dar en un juicio, justificando la liberación de un delincuente por lo defectos que anulan la legalidad del juicio, además, por el principio de inocencia declaran la absolutoria del sujeto.

Incluso, sabiendo que todas las pruebas apuntan a la culpabilidad del individuo, son liberados por esos defectos. Si los jueces se atrevieran a ignorar esos defectos y sentenciar a los delincuentes, se exponen a sanciones disciplinarias por no seguir el debido proceso.

Esto no es muy bien visto por los costarricenses, quienes sin saber que los jueces solo cumplen su trabajo siguiendo la ley penal, la prensa como medio de control social y voz del pueblo, denomina a los juzgadores como amigos de los delincuentes por no encarcelarlos. Cuando la realidad es que no dan soluciones, solo aplican la ley.

Por otro lado, el problema podría estar más allá, desde donde nacen las leyes, en la Asamblea Legislativa. Como ya se sabe, no todos los diputados que la conforman son abogados y sus conocimientos sobre Derecho son vagos. El problema se da a la hora de aprobar leyes que contravienen el ordenamiento jurídico.

Tienen buenas intenciones queriendo sancionar conductas que inquietan a la población, pero las leyes penales que aprueban llegan a ser inaplicables y fácilmente evadibles por los delincuentes. Así que la esperanza de solucionar los problemas por medio de la ley penal no va por el lado de la legislación.

Mientras la sociedad se preocupa por encerrar a los criminales, ignoran la verdad de por qué delinquen. Estos individuos probablemente tengan una vida muy desafortunada, empujados a delinquir por la necesidad de subsistir, o por haber crecido en una familia desintegrada, incluso por la adicción a las drogas, entre otras razones. La ley penal los condena a pasar años en la cárcel, muchas veces sin tener la culpa de encontrarse en esa situación y lejos de dar soluciones, se hace un problema más para el delincuente y su familia.

Sumado al hacinamiento en los centros penales, por la creencia de que todos los que infringen la ley penal deben ser internados en estos lugares donde ya no cabe ni un ser humano más, llegando a tratárseles como animales en un corral.

El camino a la solución de conflictos, por medio de la ley penal, es muy oscuro. Quizá la luz esté en el conjunto de reparaciones al mecanismo social en forma integral. Los costarricenses deberían ser más conscientes y empezar el cambio desde el núcleo de la familia, mejorando la educación y valores que poseen desde niños reflejados en las acciones realizadas en la sociedad.

Además, el Gobierno debe preocuparse más por erradicar la pobreza, mediante la aplicación de programas sociales y los legisladores se comprometan a crear leyes más efectivas que armonicen con el ordenamiento jurídico y principalmente con la Constitución Política.

También el cambio de los jueces, los fiscales, los defensores y todos los que actúan dentro del proceso penal, lograrían variar la realidad nacional siendo más congruentes con el procedimiento, para evitar errores insubsanables que imposibiliten la aplicación de la ley penal.

Alejandra Zamora Mejías

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital el País.cr el 18 de mayo de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81373

Querida Venezuela

Con tan solo una diferencia de 262,473 votos, lo que equivale aproximadamente a un 0,6% de los mismos, el ex chofer de autobús Nicolás Maduro fue declarado como candidato vencedor de las elecciones en Venezuela con un 50,75% de los votos a su favor. ¿Qué implicaciones podría tener este resultado tan ajustado en un país tan dividido como lo esta Venezuela actualmente? 

Dado que Henrique Capriles, candidato opositor de Maduro, obtuvo un 48,98% de los votos, queda claro que la población venezolana se encuentra equitativamente dividida en cuanto a su participación y opinión política. Para Maduro esto representa un importante reto a considerar dado que, en caso de que el resultado se mantenga, situación la cual considero que sucederá por motivos que expondré posteriormente, deberá gobernar sobre un país con el cual prácticamente el 50% de su población está en desacuerdo con su ideología.

Para Capriles, por otro lado, dicho resultado tan ajustado representa una esperanza y un acalorado reclamo que deberá resolverse en una auditoría, misma que deberá suceder dado el resultado tan peligroso, y me refiero a este como peligroso por las implicaciones que podría tener tanto para Venezuela como para sus vecinos, específicamente Colombia, como para sus aliados Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia e inclusive Rusia, todos los participantes de esta “petrodemocracia” que el chavismo ha instaurado en Venezuela. 

Con Capriles como Presidente de Venezuela, dicha “petrodemocracia” podría e incluso debería de llegar a su fin. Con el petróleo, Chávez se dedicó a comprar amistades políticas pero hoy en día solo ha heredado una ridícula inflación de aproximadamente un 20%, una deuda externa terriblemente alta, y una economía totalmente dependiente del petróleo en donde alrededor del 80% de la producción del país depende del mismo.

Sin embargo, con el apoyo que tiene Maduro de los militares, es claro que aún con la auditoría, Capriles no ganará. Venezuela es un país bajo el poderío de los militares, y no hay forma alguna que estos quieran cederle, legítimamente o no, el poder a un candidato que podría acabar con la “bonanza” que estos han recibido durante 14 años a manos del chavismo.

Quizás lo más preocupante de esta situación, es el hecho de que Venezuela podría estar al borde de una guerra civil, con condiciones totalmente favorables para la misma. Existe la posibilidad de que en caso de que se realice la auditoría de mala manera, abiertamente parcializada o claramente corrupta, se podría generar una guerra inmediata, y más allá, aún si Maduro gobierna solo para su 50%, dejando a un lado la otra mitad de la población que votó por Capriles, el descontento podría eventualmente desencadenar en un conflicto interno.

Sin lugar a duda, Chávez dejó como herencia un país en una situación precaria: altamente dividido, con una economía sin incentivo alguno, cargada de barreras comerciales, sin movilización de moneda y con un sector privado exterminado y ahuyentado, y con niveles de inseguridad que horrorizarían a cualquier costarricense que cree estar inseguro en nuestro país.

No es envidia de nadie la presidencia de Venezuela, solo el “comandante”, su familia y sus allegados sabrán los beneficios de la labor, y quizás de ahí la indudable perpetuación en el poder del chavismo. Lo más triste es que lo paga el pueblo venezolano, y lo peor es que por lo menos la mitad de ellos ni lo saben.

José Antonio Ventura

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital el País.cr el 14 de mayo de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81203

Las cartas sobre la mesa

El negocio es lo que cuenta, ese parece ser el criterio que seguirá el legislativo, cuando tenga que elegir a los próximos magistrados del Poder Judicial. Ya las cartas están sobre la mesa, el diputado Fabio Molina, jefe de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional, declaró al Semanario Universidad, que “los magistrados deben provocar un clima de negocios”

El sistema democrático de una república independiente, está compuesto por un complejo mecanismo de frenos y contrapesos, en el cual se garantiza que el poder no permanecerá concentrado en las manos de unos pocos, sin embargo desde hace casi diez años, la apatía, desencanto y desesperanza que aquejan a la sociedad costarricense y a partir de esto al electorado, han causado que un número, cada vez menos representativo de votantes, se aproveche de esa circunstancia y coloque, por razones de un fanatismo irracional (que raya en las mismas actitudes de algunos aficionados al fútbol) a un grupo de políticos que tiene como misión, el reclamar como suyo no sólo el control de los poderes ejecutivo y legislativo, sino que a través de las potestades de este último, desea hacer suyo el último bastión de poder que conserva todavía alguna independencia.

La razón ha quedado evidenciada, luego de las desafortunadas declaraciones del líder legislativo verdiblanco, ya no es el momento de hacer que prevalezca la legalidad, ni la independencia de poderes, no es hora de defender las garantías y derechos de la ciudadanía y con ellos de las minorías más débiles, se trata ahora de emitir resoluciones y sentencias que satisfagan la visión empresarial de una minoría excluyente que domina el país.

Esto es la salida del “closet” del partido liberación nacional, quedando expuesto ante el electorado, o al menos ante esa parte más consciente del mismo que con esto ya puede ver confirmadas sus verdaderas intenciones.

Esta es la definitiva politización de la justicia, la cual con el aval de magistrados complacientes, se encargará de destruir los últimos vestigios del Estado Social de Derecho, llamado con más propiedad el Estado de Facio (según las palabras del economista Mario Devandas, retomadas por el magistrado Fernando Cruz) y que ayudaron a forjar, paradójicamente José Figueres Ferrer y Rodrigo Facio, fundadores del entonces socialdemócrata Partido Liberación Nacional y que desde mediados de la década de los años ochenta, se transformó en el refugio de sus antiguos rivales y enemigos encarnizados, la clase empresarial, la cual por medio del superministerio de Comercio Exterior ha definido la política económica de Costa Rica en la última década.

Solo resta conocer, si la desidia e indiferencia del electorado, continuará actuando en su propio perjuicio y acabará por transformar a Costa Rica en uno de los países con menos desarrollo humano de este lado del planeta, todo eso en nombre de los negocios.

Fernando Coto Calvo

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital El País.cr el 14 de mayo de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/81202