¿Educación Vial?

A lo largo de los años, Costa Rica se ha visto sumida en una problemática, que llega a incidir directamente en la seguridad e integridad física de quienes transitan por las calles del país. Vivimos una guerra diaria en nuestras carreteras que cobra las vidas de gran cantidad de seres humanos. Se presenta entonces la interrogante de cuáles pueden ser las causas que nos han llevado a este punto, lo cual arroja distintas aristas.

Desde edades tempranas, se nos enseña equivocadamente que las carreteras son una especie de territorio reservado única y exclusivamente para los automóviles, y que cualquier otro elemento es ajeno a este espacio. Por esta razón, las personas que utilizan este medio para practicar algún deporte o para transportarse, son constantemente atacadas por quienes transitan en vehículos automotores.

Si bien es cierto el Artículo 118, inciso a) de la actual Ley de Tránsito establece que el MOPT debe realizar programas para “concientizar a los conductores y ciclistas sobre su obligación de compartir la vía pública y cumplir las normas establecidas”, la realidad dista mucho de la norma. Por ejemplo, en el Manual del Conductor una de las únicas (si no es que la única) referencias que se hace del ciclista, es una imagen de una señal de tránsito que prohíbe el paso de ciclistas por una ruta.

Por otra parte, si bien es cierto la Ley de Tránsito sanciona la conducción en estado de ebriedad (sin considerar si lo hace con la gravedad que ameritaría el hecho), existe una cierta sensación de impunidad relacionada al mal ejemplo que en la historia actual han protagonizado distinguidas figuras públicas y políticas, sorprendidas conduciendo en este estado y hasta lesionando la integridad de terceros, lo cual menoscaba en gran medida los esfuerzos que puedan llegar a realizarse desde el mensaje político.

En países como Estados Unidos, desde la escuela y el colegio se imparten cursos de educación vial a los estudiantes, y los exámenes escritos y prácticos para la obtención del respectivo permiso de conducir conllevan cierta rigurosidad y seriedad, y aunque se obtiene a una edad más temprana, el proceso se realiza más responsablemente.

Lo anterior contrasta con la realidad nacional, en la que no se pone a prueba realmente el conocimiento de la normativa ni la capacidad o habilidad del futuro conductor, aunado al hecho de que el fraude en ambas pruebas parece ser una cuestión cotidiana.

Es necesario un cambio en el discurso político en materia de educación vial, pero más importante, que se realicen acciones tangibles que apunten a un avance en la materia. El mensaje de concientización debe ser entregado primordialmente por los entes gubernamentales, y subsidiariamente por las distintas Asociaciones, y no a la inversa, como se ha venido dando en el país.

Debemos, como peatones, conductores, deportistas o en general como usuarios de las vías públicas, propiciar un cambio en la mentalidad y en el accionar a la hora salir a la carretera y es vital que este inicie desde el hogar y las aulas, y continúe desarrollándose a lo largo del diario vivir.

Daniel Vargas Navarro  

Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

 

Artículo publicado en el diario digital El País.cr el sábado 27 de abril de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/80632

Sobre la Educación Jurídica

Desde hace algún tiempo, el sistema jurídico costarricense ha venido experimentando una serie de transformaciones que han significado un cambio en la forma en la que se llevan a cabo los procesos judiciales. Se ha pasado de procesos primordialmente escritos a procesos orales. Esta variación en la forma en la que se llevan los procesos judiciales es una respuesta a la necesidad de contar con herramientas que permitan una tramitación más expedita de los juicios, de tal manera que se materialice el ideal de una justicia pronta.

Esta transformación hacia la oralidad, es evidencia de como la dinámica de los fenómenos sociales exige un sistema jurídico capaz de adaptarse a las corrientes de los tiempos, para generar confianza en los ciudadanos y para legitimarse por medio de los valores que defiende como pilares de la convivencia social.

A pesar de que muchas veces es desestimada, omitida y hasta olvidada, la educación jurídica es el elemento esencial de cualquier sistema jurídico. Así como se exige dinamismo en el sistema jurídico, se exige dinamismo en la enseñanza jurídica, la cual, como elemento esencial del sistema, no puede quedarse rezagada en los procesos de transformación que este experimenta, sino que, por el contrario, debe buscar formas de reinventarse, de tal manera que no llegue al punto de volverse incapaz de formar los juristas que el complejo ejercicio del derecho exige. Ante este panorama surge la interrogante de si la educación jurídica que se brinda en la mayoría de universidades, tanto públicas como privadas, se adapta a las exigencias del sistema jurídico actual.

Los planes de estudio en las escuelas de derecho han experimentado pocas variaciones durante muchos años. Se enfocan en los mismos contenidos de siempre, por lo que en esta área la innovación ha quedado estancada. Volviendo al ejemplo de la oralidad, a pesar del evidente paso hacia este sistema, resulta curioso que en pocas universidades se han introducido cursos de expresión oral o de razonamiento lógico que le permitan a los estudiantes complementar sus conocimientos meramente jurídicos con las herramientas necesarias para hacer esos conocimientos verdaderamente efectivos. Y es que, hoy en día, de nada sirve un profundo conocimiento del derecho o amplias destrezas para la escritura si no se tienen también las destrezas para exponer y defender un argumento jurídico oralmente.

Parte del problema radica en el papel que tiene la norma como punto de partida de la generación del conocimiento jurídico. La concepción de las normas como actos de imperio produce una aceptación de estas por el simple hecho de ser normas, lo que sin duda alguna sacrifica los espacios para cuestionarlas. Esto tiene una incidencia directa en la forma en la que razonarán y le harán frente a los problemas los estudiantes de derecho en el futuro. Existe el riesgo de que sus análisis se limiten al plano jurídico, dejando de lado otras dimensiones en su razonamiento.

La enseñanza del derecho no puede limitarse a las normas, ni siquiera al propio derecho, sino que debe tomar ventaja de la generalidad del conocimiento, de otras áreas como la sociología, economía, filosofía, psicología, entre otras. Esto por el simple hecho de que el derecho tiene una pretensión social y la sociedad está llena de fenómenos que van más allá de la fantasía jurídica. El derecho no es, ni puede ser, el único medio para hacerle frente a los problemas sociales.

Sin embargo, para lograr pasar de un medio de creación del conocimiento jurídico excluyente a uno incluyente, se necesita cierto grado de humildad para aceptar las limitaciones del derecho y permitirse una apertura hacia otros saberes, con la fe de que con ellos se complementa el conocimiento jurídico. Si bien es cierto, algunas universidades incluyen cursos de humanidades, sociología, economía, filosofía y otros en sus programas de estudio, estas son minoría entre la amplia gama de universidades que imparten la carrera, por lo tanto, en muchos casos lo que se está enseñando es como aplicar normas, mas no a resolver conflictos.

Así las cosas, cabe decir que gran parte de la responsabilidad de esta problemática recae en los estudiantes de derecho, por no exigir de sus respectivas escuelas cambios en los métodos de enseñanza, pero también, por no ir más allá de los apuntes de clase, de los contenidos de un examen, o simplemente, por no permitirse desnudar el dogma.

El estudiante de derecho debe tener presente que lo que aprende en la universidad es solo una pincelada y que es su decisión profundizar y ampliar lo que sabe, poniéndolo en práctica de manera supervisada, acudiendo a juicios, haciendo pasantías, trabajando para un bufete, asistiendo a seminarios o haciendo más de lo que en principio debe.

El abogado tiene que ser capaz de observar la realidad social, comprenderla y encontrar soluciones a los conflictos que vayan más allá de la letra de la norma. Entre más integral sea el conocimiento que se tiene, mejor alimentada estará la capacidad de comprender y resolver los problemas sociales. No obstante, la educación jurídica no pareciera estar en muchos casos a la altura de esas exigencias y el sistema jurídico inspira cada vez menos confianza como medio de canalización de los conflictos sociales.

Daniel Arce

Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

 

Artículo publicado en el diario digital El País.cr el viernes 26 de abril de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/80597

La Falacia del “Usted está utilizando una falacia”

Basta con tener los primeros contactos con el mundo académico para empezar a escuchar hablar sobre falacias. Sin necesidad de matricular un curso de Lógica, el tema de los argumentos falaces comienza muy pronto a ser parte de la lista básica de conceptos de un estudiante universitario. Esto porque desde los cursos más introductorios, se enseña que si hay algo que se debe saber para llevar a cabo una buena argumentación, es conocer las falacias y sobre todo, buscarlas en el discurso de quien expone una idea contraria a la propia.

En discusiones en pasillos, debates en aulas, e incluso en mesas redondas de expertos y en artículos tanto científicos como de opinión (por poner algunos ejemplos de lo que llamaremos “debates académicos”), el juego de señalar los vicios lógicos en que incurren las partes contrarias en sus discursos, parece ser una herramienta que se encuentra a la orden del día para todo argumentador.

Siguiendo una idea básica del concepto de falacia, se entiende ésta como un error en la forma en que se razona un argumento, o razonamiento incorrecto (Copi), normalmente utilizado con fines persuasivos, lo cual no implica que se pueda incurrir en ello por otros motivos, como un simple descuido, ignorancia o “auto-engaño” (Salas), sobre el error en que se cae. Cabe señalar que lo que se cuestiona no es la veracidad o falsedad del argumento, sino la forma en que se llega a él.

Normalmente es posible encontrar una clasificación entre falacias formales y falacias no formales. La existencia de falacias formales se ve sujeta a sistemas de inferencia lógica (premisas y conclusión) ya conocidos; por ejemplo, modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, entre otros, asemejándose a ellos con la diferencia de que presentan un error a la hora formular la conclusión. Sin embargo, las falacias formales no son las que interesan precisamente para el caso en cuestión.

Las falacias no formales son las que más se pueden encontrar de diario en los debates académicos (sin excluir que aparezcan en otros tipos de discusiones). Éstas no se encuentran sujetas a algún sistema de razonamiento específico, sino que sus fuentes son muy diversas, lo que genera una lista muy amplia y variada de posibles falacias informales, y en este punto es donde se genera la problemática que nos interesa.

Hay falacias no formales muy comunes, por lo que algunos autores mantienen uniformidad al hablar de ellas. Irving Copi señala por ejemplo las falacias ad baculum (apelación a la fuerza), ad hominem (ofender al contrario), ad populum (recurrir al sentimiento popular). Otros dedican trabajos sobre una propia falacia no formal, como la falacia naturalista, derivada del pensamiento de David Hume, y la falacia del todo, explicada por Fernando Savater.

En nuestro medio local, el profesor Pedro Haba utiliza por ejemplo la concepción de “wishful thinking” en algunos de sus textos, que puede ser entendida en una discusión como una falacia; y la obra del profesor Minor Salas, “Yo me engaño, tú te engañas, él se…”, que presenta una serie de falacias y sofismas comunes en los debates principalmente propios de las Ciencias Sociales, probando que la lista de falacias que se pueden encontrar es sumamente extensa.

El punto central es que esta gama casi ilimitada de falacias no formales que pueden existir, teniendo en cuenta los difusos parámetros que existen para determinarlas, y sumado la tendencia, anteriormente indicada, a señalar las falacias del “adversario” (desde el punto de vista de la discusión académica), como principal herramienta de contra argumentación, ha llevado a una relativización de lo que son las falacias (en la práctica argumentativa, claro está), en la que casi cualquier razonamiento puede ser etiquetado de esa manera.

La situación anterior comienza a tomar más la apariencia de una técnica de persuasión, que una preocupación por sanear una discusión de vicios lógicos. Se realiza a veces sin fundamento, y se parece a aquello a lo que busca enfrentarse; se convierte en un argumento falaz, en una falacia de “usted está utilizando una falacia”, útil cuando se quiera cambiar el tema, o cuando no se tenga una respuesta válida a lo que propone el adversario.

Como técnica argumentativa, es igualmente de aceptable que cualquier otra falacia o herramienta de persuasión, pero con el precio de quitarle riqueza a la discusión. Resulta más atractivo e incluso más productivo, tanto para las partes como para el auditorio, que la discusión se realice con argumentos válidos, de peso y bien formulados. Es por ello que debe fomentarse este tipo de debates, y dejar de incentivar tanto en aulas como en otras formas de actividad académica, el juego de falacia-no falacia que empaña cualquier (potencialmente) buena discusión.

Luis Richmond Portuguez   

Estudiante de la Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital El País.cr el viernes 26 de abril de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/80596

Acusado no significa culpable

En muchas ocasiones se escucha a sectores de la población decir que por qué tanto trámite y protección para “los maleantes” o “ladrones”, que por qué no los meten a la cárcel de una buena vez, incluso se llega a oír “ni juicio deberían hacerle, ¿para qué gastar en eso si se sabe que él lo hizo?” A menudo las personas se quejan de los mecanismos procesales de contención del Derecho Penal, del debido proceso penal y toman por un hecho que toda persona acusada es culpable y que no merece tener derechos.

Tratar a los acusados como culpables al instante no solo se nota en conversaciones familiares o con amistades; grandes formadores de opinión como lo son los medios de comunicación, principalmente los televisivos también lo hacen. Tan solo basta leer o escuchar detenidamente los titulares, no se transmite de forma que denote posibilidad, lo dan como un hecho; dicen “joven robó 10 millones de colones”, no “joven acusado de robar 10 millones de colones” o “joven podría haber sustraído 10 millones”.

Algunos noticieros dedican gran parte de su programa a noticias judiciales o hasta tienen segmentos judiciales, en la mayoría de ocasiones toman al acusado como culpable instantáneamente. Inclusive dan a conocer al público procesos penales recién iniciados, que no han llegado a su etapa pública legal y esto puede dañar gravemente la imagen de una persona, su estabilidad emocional, sus negocios y hasta sus relaciones interpersonales. Y puede que ese mismo caso del joven y los 10 millones, meses o años luego anuncien en el mismo noticiero que este fue absuelto.

El debido proceso es fundamental para toda democracia y deberíamos protegerlo en vez de quejarnos de él. Con esto no estoy diciendo que el sistema penal del país sea perfecto, por ejemplo, en algunas ocasiones los procesos toman gran cantidad de años en concluirse. Lo que quiero decir es que prefiero eso a que un acusado de un delito no se pueda defender o tenga que soportar un allanamiento indebidamente fundamentado en su casa u oficina.

Contextualicemos con un ejemplo: imagínese que priven de su libertad a una persona por 30 años por un delito, esto sin haber tenido un abogado, no supiera de qué se le acusaba exactamente y se base la sentencia en pruebas a todas luces fabricadas.

El simple hecho de que alguien denuncie a otra persona no significa que el acusado es culpable, algunos inescrupulosos formulan denuncias penales simplemente para “meterle miedo” a otra persona o afectar la imagen de esta.

Todas las personas deben gozar del debido proceso, este existe no por capricho del legislador o la doctrina, las formas no son un fin en sí mismo, son un medio o garantía ante las arbitrariedades que se puedan cometer. A todos en algún momento nos pueden denunciar sin fundamento y si eso pasa cualquier persona querría poder dar su versión, tener su abogado, saber de qué se le acusa, tener un traductor si no habla el idioma, poder abstenerse de declarar si así se quiere, que lo juzgue un juez independiente y no hayan creado un tribunal “de la nada” para juzgarlo.

¿A usted le gustaría gozar de todos estos derechos si se viera en la posición de acusado cierto? No se puede buscar la verdad a cualquier precio, las formas no deben ser consideradas como meros formalismos, son una garantía.

Amanda Segura Salazar

Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

 

Artículo publicado en el diario digital El País.cr el miércoles 24 de abril de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/80503

La Costa Rica de quién

“(…) cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo, valiente y viril”, es la estrofa del Himno Nacional que tan rutinariamente entona la ciudadanía; sin embargo, esta letra hace ya eco en aquellos estratos de la sociedad costarricense donde la corrupción, la ineficacia e inoperancia de la Administración pública inducida por nuestra clase política han dejado huella.

Como se ha señalado insistentemente, nuestra nación enfrenta una crisis social, política y económica, propia de un país que se encuentra convulsionando en dirección a una inminente transformación, regeneración o degeneración como parece indicar el paso del tiempo; donde las bases institucionales y el papel del Estado como garante de derechos y garantías sociales está fuertemente cuestionado, y esto con toda razón.

Durante años se ha venido gestando un deterioro acelerado de la calidad de vida del y la costarricense, reflejada y manifiesta en el encarecimiento del costo de vida, la crisis del seguro social, la seguridad pública, la educación costeada por el estado, la falta de infraestructura, y el pobre acceso a bienes y servicios por un grueso importante de la población, esto por citar algunos ejemplos.

Este país caracterizado por el bienestar generalizado obtenido en aquel venerado –y criticado- Estado Benefactor a través de la construcción y consolidación de una sólida base institucional, que logró en muchas ámbitos llevar a índices de primer mundo, encontró en su propia cúpula política un verdugo, que lentamente le ha puesto en agonía y ha subastado a cualquier postor su riqueza, su patrimonio y su pueblo de forma especialmente peligrosa.

Pareciera perfectos los esfuerzos y políticas dirigidas a dar término con este remanente solidario y universal que ha caracterizado a Administración pública, los mismos que se despliegan a vista y paciencia de la ciudadanía costarricense y los propios funcionarios públicos sin mayor resistencia u oposición, con unos cuantos reclamos y propuestas sí, pero sin mayor cambio o repercusión en la realidad.

Lamentablemente esto no es el mayor problema que como país se tiene, ya que de una u otra forma, la solución a los males que nos aquejan está sobre la mesa. Desdichadamente tenemos una ciudadanía habituada y acomodada a la lenta marcha, la ineficacia y a la negligencia propia del accionar público; que ante la corrupción y desmantelamiento del aparato estatal, han optado por una pasividad propia de la idiosincrasia costarricense.

Este pequeño esfuerzo apela al poder ciudadano, el cual no ha sido capaz de colectivizar y direccionar el descontento, el enojo y la crítica que logre modificar y reencausar nuestra vida política, económica y social.

Bien señala nuestra Constitución Política –para hacer referencia a la generalidad- de los deberes de aquellos que ostentan el poder político, así como el papel del y la costarricense ante la inoperancia y la inactividad de la Administración. A pesar de ello la realidad muestra como en apariencia somos ajenos a nuestra propia patria, como si los logros instituciones, legales y sociales fuesen mana del cielo. Somos y seguiremos siendo víctimas de dirigentes y gobernantes oportunistas, populistas, y parciales que por mucho han demostrado a qué intereses y capitales responden y se sublevan.

En la última década ha sido notorio las intenciones neoliberales, que han querido doblegar nuestra constitucionalidad, nuestra seguridad jurídica y el modo de vida del y la costarricense, elementos que por años formaron parte de nuestra tradición democrática y universalista.

A pesar de los esfuerzos dirigidos a mitigar tal daño, nos encontramos ante un inminente colapso y convulsión de nuestras bases y principios que sustentaron nuestro proyecto de nación. Por lo cual hay que apelar al mandato constitucional del artículo 18 que entre otras cosas manda a la defensa de la patria, tal y como entonamos en nuestro himno nacional.

Es necesario y trascendental lograr que las fuerzas sociales confluyan en dirección a la transformación social, de redirección política y de defensa de la institucionalidad pública, un retorno a aquellas prácticas y bases que permitieron el desarrollo de nuestra tradición democrática, solidaria y universal; de lo contrario, nos expondremos a una mayor –y sin precedentes- exclusión y pauperización de la sociedad costarricense, la cual ya forma parte de nuestro ideario nacional.

Javier Rodríguez Rivera

Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

 

Artículo publicado en el diario digital El País.cr el miércoles 24 de abril de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/80502

La prisión y la población penal juvenil

Hoy en día en nuestro país sufrimos el problema de la inseguridad ciudadana. Las políticas estatales no han solucionado el incremento de los asaltos, homicidios, etc., al contrario, han confundido a la población proponiendo la prisión como la única y mejor solución. Cuando en realidad sólo “erradica” la problemática de momento.

Hemos tenido que enfrentar una realidad preocupante. La población juvenil de nuestro país viene incrementando su participación en la comisión de diferentes delitos. La ratificación de la Convención sobre los derechos del Niño (1990) y el cambio de pensamiento propiciado por la doctrina de la “Protección Integral del Niño”, fueron antecedentes para que se creara la Ley de Justicia Penal Juvenil (1996).

Se estableció un sistema penal apartado del sistema penal de adultos. La Ley de Justicia Penal Juvenil en su artículo 7 expone que ésta tiene como fin resocializar, formar integralmente y velar por el respeto de los derechos de la persona menor; pero en la prisión, todo esto parece ser ignorado.

Las condiciones en las que se encuentran esos jóvenes, de hacinamiento, violencia, manipulación, deterioro tanto mental como físico, etc. exponen una realidad que desde hace mucho tiempo no se ha querido tratar. La prisión no es la medida que va a ofrecer la solución a los problemas, se ha hecho desde años atrás y hoy tenemos las mismas consecuencias.

En su lugar se debería fomentar más la educación y muchos otros procesos formativos, ya que resultan necesarios tanto para la inserción productiva como social de una persona. Son muchos los elementos que juegan un papel indispensable en la construcción personal de las personas pero hoy sólo se subestiman. Lo que ocupamos mejorar es la calidad de vida y con ello aportar un beneficio a la vida en sociedad.

Estos procesos formativos, de educación, disciplina, deporte, etc., han quedado rezagados y en mi opinión, los esfuerzos estatales se deben proyectar tanto en la prisión como fuera de ella. Es necesario implementar políticas que atiendan las causas y no sólo las consecuencias del delito.

No pretendo creer que con la educación bastaría para que la cifra de delitos sea erradicada, pero sí creo que disminuiría. Vivimos en una época donde para surgir se ocupa estudiar, trabajar y en su gran mayoría, los jóvenes en los centros penitenciarios provienen de ambientes de hogar y/o barrio que no son sanos.

La influencia de dinero fácil aunado a una situación económica difícil y tal vez de drogas, genera que la escuela sea dejada en segundo plano y que la interiorización de valores que dirigen una vida no sea posible. Por ello considero que en lugar de concebir al sistema privativo de libertad un fin en sí mismo, se debería auxiliar ese deterioro social que es una de las causas fundamentales para que más jóvenes pasen a engrosar la lista de “delincuentes”.

Debemos entender que nuestro contexto está influenciado por una visión de Derechos Humanos y que parte de esa política se concentra en dotar al ser humano de instrumentos, como lo es la educación, para enfrentar el diario vivir.

Nos debemos deshacer de los mitos y posicionarnos en la situación de esos jóvenes que, si bien es cierto, actuaron contra la ley y deben asumir las consecuencias, también son personas con una larga historia detrás. En vez de atacar esas vidas humanas nos debemos centrar también en esas fuerzas que han venido aumentando esa injusticia social.

Karol Rodríguez Rodríguez

Estudiante de la Facultad de Derecho.
Universidad de Costa Rica

 

Artículo publicado en el diario El País.cr el domingo 21 de abril de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/80383

Juventud y la política actual

Anoche, un viernes del montón, es fácil deducir que la mayoría de los jóvenes salían a tomar alcohol, a tener amoríos de una noche o, simplemente, se quedaban en casa fijados a una computadora inmersos en un mundo virtual que los hace creer que con fotos en redes sociales cargadas de sarcasmo e improperios hacia el gobierno lograrán cambiar la realidad política tangible que, siendo sinceros, ellos no entienden. Otros mientras tanto, nos encontrábamos reunidos, planeando los detalles finales de la campaña que se nos avecina. Y es que el movimiento de juventud dentro de los partidos políticos nacionales, poco a poco deja de ser solo parte del discurso y empieza a tener relevancia considerable dentro de las decisiones que se toman dentro de los mismos.

Es utópico pensar que el adultocentrismo es una época superada en la política nacional, sabemos que difícilmente se erradicará por completo. Pero, lo que es importante rescatar es la actitud de algunos jóvenes que sí queremos cambiar la situación, ya que no podemos olvidar que los jóvenes en este momento constituimos aproximadamente un 40% de la población del país. Sin embargo, tenemos menos injerencia en las decisiones que se toman en nuestro país, a pesar de formar un porcentaje importante que se verá directamente afectado por las disposiciones políticas.

Nos decimos a nosotros mismos y se encargan de recordarnos que “somos el futuro”, pero, ¿qué futuro llegaremos a ser si no se nos invita a ser parte de la realidad, de los procesos ni de las decisiones? Seremos un porvenir pueril y falto de experiencia en materia de “madurez política”.

La manera actual en la que un joven decide involucrarse en política es distinta a la de tiempos pasados. Por ejemplo, antes la filiación a los partidos era meramente tradicionalista, mientras que ahora -por lo menos en nuestro caso- es primero por convicción y luego, por tradición. Y es en el momento donde nos ponemos a pensar el por qué seguir a un partido cuando la televisión te dice que no hacen absolutamente nada, el omnisapiente Facebook y todos sus expertos en política, te dicen que todo es culpa de ellos y sus planes de conquistar al mundo, lo que nos tiene al borde de un colapso social.

Es ahí cuando caemos cuenta de que la realidad no se puede pintar de blanco o negro, que la salvación del país no es verde o amarilla, y que no se puede culpar de los problemas a una u otra parte, sino que todos somos parte de la realidad que vivimos y hemos construido.

Actualmente, la manera en la cual los partidos políticos utilizan o integran a sus jóvenes es muy distinta. Por un lado, los partidos de inclinación un poco más marxista los adoctrinan de una forma casi religiosa. Otros, de tendencia socialdemócrata, buscan una integración más activa dentro de cada espacio de participación que se les ofrezca. Por último, los partidos más cercanos a las tendencias liberales son famosos por enviar a sus miembros a capacitarse al exterior para que alardeen con dichos programas.

Sea cual sea el modo de trabajo, lo que se debe rescatar es la intención de esa mínima fracción de jóvenes que se informa, trabaja y, aún más importante, propone. Es un gran progreso ver que las primeras filas de obreros en los partidos estén conformadas por jóvenes; sin embargo, lo que más me agrada es notar que ellos mismos buscan reclutar a más de los suyos e incentivarlos a formar parte del grupo. Con estas iniciativas, se deja atrás el conocido y peyorativo puesto de “pega banderas” y se empiezan a convertir en focos de crítica que ayudan a la población a ver más lejos de los titulares de los periódicos amarillistas y las revistas rosas.

Ser joven es difícil, crees saberlo todo y aún no te conoces a vos mismo, pero ser joven y comprometido a tiempo completo lo es aún más. Sacar el tiempo para informarte, leer un libro para entender una ideología, o sencillamente para saber cómo discutir un tema o mantener una conversación, te aleja de la masa, te convierte en el encargado directo de cambiar un poco esta sociedad y más de eso, fomenta el relevo generacional tan necesario actualmente.

Emilio Arce

Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica.

 

Artículo publicado en el diario digital El País.cr el sábado 20 de abril de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/80357

El círculo vicioso en los jóvenes ciudadanos

Nuestro país sufrió de grandes cambios a través de los años que le siguieron a su independencia, vivió luchas y dejó atrás pensamientos retrógrados con la ayuda de dirigentes que en su momento tenían una visión más grande de lo que debía ser una nación socialdemócrata, y es por esto que actualmente todos los ciudadanos mayores de edad contamos con la posibilidad de elegir a nuestros dirigentes.

Pero no es una novedad, que los jóvenes de Costa Rica han dejado de lado esta práctica tan fundamental, no sólo a lo que se refiere al voto presidencial sino todo lo que abarca la actividad política, ya no se inmiscuyen en la actividad de elección de sus representantes cantonales ni aquellos dirigentes que pueden llegar a formar parte de sus pequeños gobiernos locales que son las Municipalidades, ni se hace como en años atrás que la elección política, era en realidad una fiesta y era de todos.

El alejamiento es producto del descontento que se ha producido entre los ciudadanos, debido a los gobernantes tan ineficientes que han demostrado su falta de capacidad y que han quedado debiendo mucho al pueblo en sus administraciones. Si bien es cierto, en nuestro país han habido gobernantes que con sus mandatos han logrado hacer de Costa Rica un mejor país, hay otros que sería mejor que nunca hubieran gobernado.

Me parece que es un poco contradictorio que los jóvenes se quejen, hablen mal de los gobiernos (aunque tengan sus razones), protesten cuando las decisiones no les parece, si en realidad no están atacando el problema de raíz. Si no quieren que se siga cierta línea de gobierno o alguna ideología en específico pues entonces se debe conocer quiénes son los posibles candidatos a llegar a la presidencia de nuestro país y como lo dije anteriormente, el problema no es sólo el Presidente sino todos aquellos dirigentes que se encuentran detrás de él y que también toman decisiones que nos pueden llegar a afectar.

Una práctica común entre los jóvenes también es burlarse de aquellas pocas personas de su misma edad a los que sí les interesa conocer y participar en la política, lo cual para mí es una falacia, ya que muchos jóvenes piensan que criticando los gobiernos y a estas personas y alejándose de la política o simplemente diciendo siempre lo que está mal, van a lograr un arreglo, porque aunque si bien no deja de ser cierto que tienen un buen punto de vista, no es con esto que se logran cambios.

Estos jóvenes que se creen socialdemócratas, deberían hacer conciencia de que, los cambios se dan con hechos y no con palabras, que el sufragio es un derecho, con el cual muchas personas en otros países no cuentan; pero ese no es nuestro caso, los antepasados de nuestro país lucharon por hacer de este un derecho universal, para que todos tengamos derecho a elegir gobernantes según nuestras expectativas y no simplemente sentarnos a ver cómo otros los eligen y esperar el momento para criticar.

María del Mar López  

Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Artículo publicado en el diario digital El País.cr el martes 16 de abril de 2013
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/80213

 

El desencanto político en Costa Rica

El día 21 de abril del 2012, el diario ElPaís.cr publicó la noticia que la encuesta de Consulta Mitofsky estableció que doña Laura Chinchilla Miranda es considerada “la peor presidenta de América Latina”. Lo que es otro ejemplo de que muy posiblemente todo habitante del país sufre, de algún modo, algún grado de desencanto político.

¿Es el desencanto político producto de la realidad o es la realidad producto del desencanto político? La primera consideración que podemos preguntarnos es si el desencanto es una imagen prediseñada en el imaginario de los habitantes, o si es una reacción que tiene el habitante ante una realidad política adversa.

En mi opinión, la mayoría de los habitantes tienen una imagen sobre la política del país producto no sólo de lo que vive, sino de lo que consume como información. En ese orden de ideas, se puede decir que el habitante costarricense, dependiendo de los círculos de personas con las que se relaciona y la información que reciba de esos círculos, generará una tendencia a orientar su opinión. Por ejemplo: como han sido numerosos los casos que los medios de comunicación de masas publican sobre un gobierno de la República en constante crisis (La trocha fronteriza, los cuarenta asaltos al día en San José); las personas, en su interacción con los otros, hacen una imagen complementaria a lo que viven. Y el desencanto no sería pura “conciencia de clase”, sino una mezcla de ella con una “mercantilización de la crítica popular al gobierno”.

¿Qué debilita la imagen de doña Laura Chichilla? ¿Son las condiciones inherentes de su persona o son las circunstancias que la rodean? Como segunda acotación, la reflexión se encamina a pensar en si ¿es doña Laura Chinchilla víctima o cómplice de su mala imagen? En ese sentido, la media de la población costarricense seguro pensará que son condiciones propias de la señora presidente como “falta de liderazgo”, o “le queda grande la camiseta”, “no tiene lo que se necesita para ser presidente”; sin embargo, sostengo la opinión de que ella no sólo es cómplice de su mala imagen, sino que de alguna manera también hay algunas cuestiones de las que ella no participa y aun así le pasan la factura a su deplorable imagen política.

Se podría decir que doña Laura Chinchilla heredó de sus predecesores un país seriamente debilitado en política pública. Las medidas estatales contra los peores problemas del país han sido deficientes no sólo en el actual gobierno de la República, sino que venían desde hace bastantes mandatos atrás. En mi opinión, desde la implementación de los diversos Programas de Ajuste Estructural (PAE), el país ha tenido en picada sus índices de política pública para bienestar social, lo que desencadena o influencia todas las problemáticas de los habitantes, desde los impuestos e inversión en bienes y servicios públicos, la creación de trabajos, la educación, la seguridad social y la tan amada por los políticos de turno: “seguridad ciudadana”.

Doña Laura “baila con la más fea” porque detrás estuvo el manoseo mal planificado de sus predecesores, entre ellos el nefasto segundo mandato Arias Sánchez. Sin embargo, no ha hecho mérito suficiente para disminuir esos problemas, invirtiendo groseramente en imagen y policía represiva, más allá que en los bienes y servicios públicos para elevar los índices sociales.

¿Es el ciudadano costarricense capaz de identificar y eliminar las raíces del desencanto político? En mi humilde y fatalista opinión, la respuesta es un rotundo ¡No! El problema es la paradoja de la que deviene el desencanto político: la mala imagen política no sólo proviene de la visión del habitante del país, sino que es intrínseca a una pésima clase política que no sólo porta el estigma del “choricerx” que proviene del pasado (anteriores mandatos), sino que engendra y reproduce esa denigrante visión con la manera en la que opera la política del país.

Seré contundente en ésta última conclusión: ¡mientras en Costa Rica cada cuatro años prime el clientelismo sobre la meritocracia, parafraseando a Alberto Cañas: no dejará de meterse la “gradería de sol” a la escena política nacional!

Jorge Enrique Fallas Barrantes
(*) Estudiante de la Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

 

Artículo publicado en el diario digial El País.cr el martes 02 de abril de 2013.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/79714